Los antimotines empezaron a rodearlos. A lo lejos se empezaron a escuchar detonaciones. Los agentes empezaron a lanzar bombas aturdidoras.
La gente empezó a correr y a resguardarse en sus casas: “Aquí, métanse aquí”, decía una señora detrás de un portón rosa mientras hacia ademanes con la mano para que los periodistas puedan resguardarse.
Varios periodistas y camarógrafos internacionales, fueron asediados y golpeados.
Entre los agredidos físicamente por los agentes policiales estuvieron un camarógrafo de la cadena CNN, a quien arrebataron su casco blindado, y un fotógrafo de la AFP.
“Me robaron mi casco y mi destrozaron mi cámara”, dice a los medios desconcertado uno de ellos, Jasser Leiva, mientras enseña una batería de su cámara destruida. “A nosotros nos lanzaron gases, ya les da igual”, grita otro de ellos.
Una decena de patrullas pasó una y otra vez por el lugar. En una de las camionetas uno de los agentes grababa al grupo de periodistas que habla con los habitantes.
Nicaragua en Rebeldía
La protesta, denominada “Marcha en rebeldía”, no fue multitudinaria, tal como venía ocurriendo desde el estallido social de abril pasado, debido a las amenazas recibidas por parte de las autoridades.
Organismos defensores de los derechos humanos acusaron a la Policía de cometer “abuso de poder”, ya que la legislación de Nicaragua establece que las protestas son legales.
Esta es la primera manifestación que disuelven el Gobierno desde que la Policía Nacional advirtiera en la víspera que las protestas contra Ortega son “ilegales”, aunque las organizaciones humanitarias señalaron que la legislación local sí acepta las manifestaciones como un derecho constitucional.
Las protestas se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al seguro social, que evolucionó a una demanda de salida del presidente. La represión de las manifestaciones se ha saldado hasta ahora con más de 320 muertos y 500 detenidos.
Ortega acusa a los manifestantes de “terroristas” y “golpistas”, mientras que la oposición afirma que el presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han instaurado “una dictadura” marcada por la corrupción.
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