Con las detenciones del martes, suman cuatro los precandidatos presidenciales detenidos.
La última de esas detenciones, la de Juan Sebastián Chamorro García -primo de otra precandidata arrestada, Cristiana Chamorro Barrios-, ocurrió bajo cargos de “incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos”, “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”, entre otros, según nota de prensa de la Policía Nacional.
Esta tarde he recibido citatoria para ir a la Fiscalía. pic.twitter.com/A8VYQnq0IZ
— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) June 8, 2021
Su arresto, con horas de diferencia al efectuado hacia el mediodía contra el también precandidato Félix Maradiaga, ocurre a cinco meses de las votaciones del 7 de noviembre y en medio del rechazo internacional, que exige la liberación inmediata de los detenidos.
"Mis manos están limpias. Mi conciencia está limpia".
Antes de su arresto, Félix Maradiaga grabó este mensaje para la ciudadanía nicaragüense, en donde hace un llamado a continuar con la resistencia cívica y la lucha por la libertad de Nicaragua.
¡Fuerza y Fe! pic.twitter.com/uaizk71tdi
— Maradiaga (@maradiaga) June 9, 2021
En tanto, el exdiplomático Arturo Cruz fue arrestado el sábado tras regresar de Estados Unidos.
Maradiaga y Chamorro García son investigados por realizar actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones y actos que menoscaban la independencia, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares, según la policía.
Los cargos están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Ortega y bajo la que también fue acusado Cruz.
Las detenciones siguieron en la noche del martes, cuando fueron apresados el dirigente empresarial José Aguerri y la líder de la sociedad civil Violeta Granera, investigados bajo los mismos cargos que Maradiaga y Chamorro García, según la policía.
En el caso de Maradiaga, la Fiscalía investiga también otra causa: incumplir “gravemente” y “haber desvirtuado” los fines y objetivos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
Esta ONG fue cerrada a finales de 2018 por el Parlamento, junto a otras organizaciones críticas con el gobierno.
La ofensiva contra los opositores comenzó hace una semana contra Chamorro Barrios, en arresto domiciliar y quien no pertenece a ningún partido, aunque sondeos de opinión le daban el mayor respaldo ciudadano después del presidente Ortega, quien según sus adversarios buscará un cuarto mandato sucesivo en noviembre, aunque él no lo ha oficializado.
El equipo de Arturo Cruz denuncia la detención de José Adán Aguerri y Violeta Granera. Exigimos su libertad y la de todos los presos políticos. pic.twitter.com/1ldQ6Qlv1f
— Arturo Cruz (@arturo_cruzs) June 9, 2021
La opositora es acusada de lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
La Policía Nacional nicaragüense informó el martes pasado que detuvo al economista José Adán Aguerri Chamorro, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, y a la dirigente opositora Violeta Granera.
Tanto el dirigente empresarial como la activista opositora fueron detenidos bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares” contra el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, dijo la Policía Nacional en una declaración.
El Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE), entidad representante del sector empresarial centroamericano conformado por 17 federaciones, 95 cámaras y asociaciones empresariales y más de 50 mil empresarios de la región, se pronunciaron por la detención de José Adán Aguerri Chamorro, presidente de esa entidad.
En un comunicado difundido este 9 de junio, el CCIE dijo que demandan el cumplimiento del contenido de los Protocolos Centroamericanos y la inmediata liberación de su presidente, Aguerri.
El CCIE explica que como órgano de la integración regional creado por el articulo 37, numeral 5 del Protocolo de Guatemala e invocando los principios fundamentales contenidos en el Protocolo de Tegucigalpa en su artículo 4, solicitan el obligatorio cumplimiento de:
- Los Derechos Humanos que constituyen la base fundamental del Sistema de Integración Centroamericana.
- Los principios y normas de las Cartas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), y las Declaraciones emitidas en las Reuniones Presidenciales centroamericanas desde mayo de 1986.
- La Democracia, Desarrollo y Libertad, como un todo armónico e indivisible que orientará las actuaciones de los países centroamericanos.
“Con base en lo anterior, demandamos la inmediata liberación de nuestro presidente, José Adán Aguerri, representante de un órgano regional creado por los instrumentos legales de Centroamérica, ya que este hecho atenta contra la institucionalidad, respeto a los Derechos Humanos fundamentales, libertad, seguridad jurídica y democracia de Centroamérica”, cita el comunicado.
Además, requieren “la urgente intervención de la Secretaría General de SICA como entidad facultada para velar por el cumplimiento de los objetivos regionales y evitar cualquier situación que pueda afectar los principios del Sistema de Integración Centroamericana o amenazar el ordenamiento institucional”.
Pide liberación
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este martes a través de Twitter la liberación de Chamorro García “y de todos los demás presos políticos”.
E instó a Managua “a que cese el hostigamiento y la opresión de la dictadura del patricida Daniel Ortega”.
También el Departamento de Estado de Estados Unidos había dicho -tras la detención de Maradiaga- que el arresto “arbitrario” de un tercer opositor en Nicaragua demostraba que Ortega es un “dictador”.
“La comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal”, dijo en Twitter la jefa de la diplomacia estadounidense para las Américas, Julie Chung.
Urge la liberación de Juan Sebastián Chamorro y de todos los demás presos políticos en #Nicaragua y que cese el hostigamiento y la opresión de la dictadura del patricida Daniel Ortega. Nicaragua merece ser libre y democrática. https://t.co/xG8b8hb7Yw
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) June 9, 2021
Rosario de acusaciones
Maradiaga fue detenido en el trayecto a su casa después de abandonar la sede de la fiscalía donde por casi tres horas fue interrogado por “un rosario de acusaciones” sobre sus actividades dentro y fuera del país, según dijo a periodistas.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó el arresto de Maradiaga y denunció que las autoridades están empleando “un nuevo modelo represivo: citar sin decir por qué a quienes considera enemigos políticos, entrevistarlos, dejarlos salir de la Fiscalía para luego detenerlos camino a casa o ya adentro”.
La vicepresidenta Rosario Murillo advirtió en una alocución a medios afines al gobierno -sin referirse a los casos penales contra los opositores- que “la justicia llega tarde, pero llega”, tras mencionar que los avances de su gobierno fueron “violentados” por personas egoístas, haciendo alusión a las protestas de 2018.
La también primera dama se quejó de que entraron recursos al país que “engordaron la cartera de unos cuantos que además se comprometían con matar (…) cuánto hubiéramos hecho con lo que se han robado… Este montón de ladrones, no solo ladrones, sino también terroristas, criminales, cuánto hubiéramos avanzado contra la pobreza”.
Maradiaga, de 44 años, era el precandidato del bloque opositor no parlamentario Unidad Nacional (UNAB), integrado por organizaciones de la sociedad civil que respaldaron las protestas masivas que en 2018 demandaban la renuncia de Ortega y que se saldaron con 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mientras que Chamorro García, economista de 50 años, y Aguerri fueron miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contraparte del gobierno en el diálogo tras esas manifestaciones.
Ortega, de 75 años y quien lleva 14 en el poder, encara sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que le reclaman cambios políticos y la realización de elecciones libres y justas.
Además de la detención de los precandidatos, lo que según las leyes locales los dejaría fuera de las elecciones, el tribunal electoral eliminó al Partido de Restauración Democrática (PRD-Evangélico) y al Partido Conservador (PC-derecha), el más antiguo del país.
