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Esa es la valoración que hizo este lunes el director de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), Wilmer Vásquez, en declaraciones a EFE.
“La niñez, la adolescencia y juventud está viviendo las secuelas de la desigualdad social y pobreza, sino también que son uno de los sectores más golpeados por la pandemia de la covid-19”, advirtió Vásquez.
Según cifras de Coiproden, en Honduras se reportan al 14 de octubre 74 muertos y 28.761 contagios en niños, adolescentes y jóvenes, de ellos 5.804 corresponden a menores de 18 años, y las más afectadas son las niñas (3.101 casos).
Vásquez aseguró que la exclusión social “persigue cada día” a la niñez y adolescencia en el país centroamericano, donde además han sido “afectados de manera directa por el covid-19”.
Aseguró que la niñez hondureña es “víctima de un sistema diseñado para satisfacer los intereses de pequeños grupos económicos de poder y de una clase política mezquina, corrupta, narcotraficante que tiene secuestrada la institucionalidad del Estado”.
Para frenar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, las autoridades recomiendan quedare en casa, algo inédito para todos y complicado para muchos, pero para algunas familias es imposible por la razón de que no tienen qué comer o no tienen un hogar para quedarse.
Sin vivienda
“El quédate en casa no funciona porque cientos de miles no tienen una vivienda o un lugar seguro donde vivir. No funciona porque si hoy no salen, no tienen absolutamente nada para comer y eso hace que la familia tenga que ir a la calle a buscar en qué ganarse la vida y los coloca en una posición de mayor vulnerabilidad”, subrayó.
Cientos de personas, en especial mujeres, niños y jóvenes, salen a diario a la calle a pedir dinero o alimentos, una situación que las expone aún más a la enfermedad, añadió.
En su opinión, es necesario que el Estado promueva “estrategias claras” y provea ayuda alimentaria y de bioseguridad a las familias más desfavorecidas.
En Honduras viven alrededor de 9.3 millones de personas, la gran mayoría pobre, dependiente de la economía informal o de las remesas de dinero de familiares en el exterior, que ya han mermado.
Exclusión social
La covid-19 ha tenido un fuerte impacto en la infancia en Honduras, donde se ha exacerbado el riesgo de exclusión social y muchos niños se han visto obligados a salir a la calle, abandonar el sistema educativo y enfrentarse a dramas como el hambre y la discriminación, señaló el especialista.
Antes de la pandemia, en Honduras “todavía morían niños y niñas por desnutrición por falta de una alimentación adecuada” y ahora con el coronavirus, las familias tienen más problemas para acceder a alimentos suficientes por falta de empleo o ahorros, agregó.
Prevé que si no se atienden estas problemáticas podría producirse un aumento de la mortalidad infantil, y alertó del riesgo de que los niños más pobres y vulnerable no regresen a la escuela al verse obligados a trabajar por la falta de ingresos económicos de la familia.
La pandemia, que ha causado 88 mil 425 contagios y 2 mil 568 fallecidos en Honduras, ha dejado sin clases a 1.4 millones de niños y jóvenes hondureños y amenaza con sacar definitivamente de la escuela a 800 mil menores de edad, según expertos.
El derecho a la vida, la salud, la educación y la alimentación son algunos de los derechos vulnerados en Honduras en el marco de la crisis causada por la covid-19, indicó Vásquez.
“La gente no muere solamente por el coronavirus, muere también porque no hemos sido capaz de atender a tiempo y con todas las condiciones sanitarias en el sistema sanitario”, añadió.
Corrupción en medio de la pandemia
Vásquez lamentó la situación que viven muchas familias en Honduras, un país que ha “focalizado la mayor cantidad de recursos” para manejar la pandemia.
“Somos el país de la región centroamericana que más presupuesto designó para atender la pandemia, pero hoy también se demuestra que somos el país más corrupto y el que se ha robado la mayor cantidad de fondos en un momento en el que está en riesgo la salud y la vida de los hondureños”, enfatizó.
Organizaciones de sociedad civil han denunciado presunta corrupción en la compra de siete hospitales móviles, en Turquía, por los que se han pagado alrededor de 48 millones de dólares y de los que solo cuatro han llegado al país, pero hasta ahora solo uno está en funcionamiento. EFE
