La cuestionada iniciativa fue aprobada con 70 votos a favor, todos de diputados del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), y 16 en contra de la oposición liberal.
La ley faculta al Ministerio de Gobernación, la policía y a la estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones a investigar y perseguir los delitos que sean cometidos por medios de comunicación y aplicaciones informáticas que producen, reproducen y transmiten gráficos y textos.
“Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en la redes sociales, a los que crean y difundan falsas noticias creando alarma, temor y zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público”, sentenció en el debate el diputado oficialista Emilio López.
El texto señala que la “propagación de noticias falsas” será sancionada con dos a cuatro años de prisión. Si la “información tergiversada” perjudica el honor de una persona y su familia, la pena será de uno a tres años de cárcel.
Mientras que las publicaciones que “incitan al odio y la violencia” recibirán de tres a cinco años de prisión.
La diputada Azucena Castillo, del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), denunció que la ley está “orientada a la oposición” y “viene a encender el clima de represión” que existe en el país desde las protestas antigubernamentales de 2018.
