El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas debatió en Ginebra el informe sobre la situación en Nicaragua presentado por Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.
Salazar Volkmann aseguró que la nueva legislación nicaragüense podría utilizarse para perseguir y reprimir más a la población de Nicaragua, incluso en el exilio, y a extranjeros, por el legítimo ejercicio de sus derechos.
El viernes 6 de septiembre entró en vigor en Nicaragua una ley para juzgar a quienes cometan acciones en el exterior contra el gobierno, denunciada por los exiliados como una “herramienta de represión transnacional”.
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En Nicaragua, los delitos contra la administración pública, ciberdelitos o delitos contra el Estado o instituciones son sancionados con hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes.
El gobierno de Daniel Ortega ha endurecido la legislación y la represión después de las manifestaciones de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5 mil 500 oenegés y sus bienes fueron confiscados.
Tales protestas causaron más de 300 muertos en tres meses, según la ONU. Desde entonces, miles de nicaragüenses han salido al exilio y siento han sido expulsados y sus bienes confiscados.
La ley entró en vigor un día después de que el gobierno de Ortega liberara a 135 presos políticos, quienes fueron enviados a Guatemala por una mediación de Estados Unidos que duró meses de negociación.
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Un tribunal de Managua ordenó el 10 de septiembre la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, además dispuso el decomiso de todos los bienes de los sentenciados.
Con esta decisión, 451 opositores nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad desde inicios de 2023, según un recuento de la AFP en base a datos oficiales.
“Ortega y Murillo desnacionaliza y roba bienes a los 135 excarcelados políticos”, publicó el periodista nicaragüense Emiliano Chamorro, exiliado en Estados Unidos, en la red social X.
El enviado estadounidense pidió entonces a Ortega que no despojara de la nacionalidad nicaragüense a estos excarcelados, como hizo con otros presos políticos liberados y opositores exiliados.
Una de estos últimos es la poeta nicaragüense Gioconda Belli, exiliada desde 2023 en España, quien, ante el Consejo de Derechos Humanos, reclamó el “cese del acoso contra las voces críticas” por el gobierno de Ortega.
El despojo de la nacionalidad sumado a la práctica de denegar la renovación de documentos de identificación a sus ciudadanos en el exterior contraviene el derecho internacional, aseguró la representante de Chile.
“Se debe proteger y promover los derechos de todas las personas que quieran vivir en Nicaragua, quienes están en el exilio tienen derecho a un retorno seguro y a poder desarrollar su vida en paz en su país”, dijo Salazar.
Instrumento “imperialista”
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió la semana pasada en su informe anual sobre la situación en Nicaragua el grave deterioro de los derechos humanos bajo el régimen de Ortega y su esposa vicepresidenta Rosario Murillo.
El informe documentó detenciones arbitrarias a opositores, torturas, malos tratos en detención, aumento de la violencia contra comunidades indígenas, ataques a la libertad religiosa, etc.
La procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, denunció vía video las injusticias, parcialidades e ilegalidades del documento que a su juicio fue hecho con un agenda definida.
Morales estimó que el documento es un instrumento usado por los “imperialistas” para intervenir en los asuntos internos de Nicaragua. Morales fue sancionada por Estados Unidos en marzo del 2024 por “ser cómplice de la opresión”.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua informó en febrero del 2024 que hasta junio del 2023, 271 mil 740 nicaragüenses figuran como solicitantes de asilo en el mundo y 18 mil 545 obtuvieron el estatuto de refugiado.
Los países con más solicitantes de asilo fueron los países vecinos, Costa Rica y Panamá, así como Estados Unidos, España y México, agregó, citando datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).
