La decisión se produce dos semanas después de que el gobierno regional de Río Grande do Sul igualmente se declarara en calamidad pública y casi cinco meses después de que lo hiciera el estado de Río de Janeiro, que tuvo que solicitar ayuda para pagar la cuenta de los Juegos Olímpicos que organizó en agosto pasado.
La declaración del estado de calamidad pública financiera permite a los gobiernos regionales suspender los pagos mientras ponen en marcha duros programas de ajuste para intentar sanear sus cuentas públicas.
Además de poder suspender provisionalmente el pago de las deudas, los estados en calamidad financiera pueden incumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal transitoriamente, negociar préstamos de urgencia y contratar servicios sin licitación mientras resuelve sus problemas financieros.
Crisis
Entre las razones por las que justificó su decisión, el gobernador de Minas Gerais mencionó el “crecimiento desmesurado de los gastos con personal” y “los desequilibrios contractuales generados por la deuda del estado con el Gobierno federal” de Brasil.
Según el gobernador, la “grave crisis financiera” dificulta el pago de los salarios de los funcionarios públicos y la adecuada oferta de los servicios públicos.
Pimentel alegó que la actual recesión brasileña, la más grave en varias décadas, redujo sustancialmente la recaudación de impuestos generados por la producción y exportación de minerales y alimentos, las principales actividades económicas de Minas Gerais.
La economía brasileña completó entre julio y septiembre 10 trimestres consecutivos de crecimiento negativo y acumuló en los nueve primeros meses del 2016 una retracción del 4.0%, el peor resultado para el período desde 1996.
El Producto Interior Bruto (PIB) de la mayor economía suramericana retrocedió un 3.8% en el 2015, su peor resultado en 25 años, y, si se confirma la proyección de que caerá otro 3.5% en el 2016, encadenará dos años consecutivos de retracción por primera vez desde la década de 1930.
La gobernación de Río Grande do Sul, que declaró la calamidad financiera el pasado 22 de noviembre, presentó un duro paquete de recorte de gastos públicos que implica en la extinción de once organismos públicos, el posible despido de dos mil funcionarios y recortes salariales, entre otras medidas.
La de Río de Janeiro presentó un ajuste similar pero la mayor parte de las medidas ha sido rechazada por la Asamblea Legislativa regional en medio de protestas casi diarias de funcionarios, entre los cuales policías y bomberos.
El Gobierno federal de Brasil enfrenta prácticamente los mismos problemas, con una deuda pública récord y tres años consecutivos de déficit fiscal, lo que obligó al Gobierno del presidente Michel Temer a presentar igualmente un duro proyecto de ajuste.
La principal medida del Gobierno, que prevé la congelación de los gastos públicos en los próximos veinte años, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados pero aún depende de autorización del Senado.
