Una de las especialistas, la colombiana Angela Buitrago, dijo en la misma audiencia que el Estado mexicano y el grupo de expertos llegaron la víspera a un acuerdo.
“Se ha decidido relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas trazadas por el grupo, incluyendo el uso de la tecnología, mapa de fosas y otros lugares identificados, y estableciendo una ruta de acciones acordadas por los familiares”, indicó Buitrago.
La desaparición de los 43 estudiantes de una escuela normal rural el 26 de septiembre de 2014 ha sacudido desde entonces al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Los familiares de los estudiantes se han rehusado a aceptar la versión del gobierno de que la policía local de la ciudad de Iguala detuvo a los alumnos y los entregó a un cártel del narcotráfico, que los mató e incineró los cuerpos en un basurero.
Los expertos independientes y los padres de los estudiantes han exigido que se pregunte a efectivos militares por qué no intervinieron pese a que el ejército monitoreó de cerca la situación, pero el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, se ha negado a que sus soldados testifiquen en ese caso ante otro organismo que no sea la Fiscalía mexicana.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, dijo en la audiencia a los expertos que será posible obtener información de los efectivos militares a través del Ministerio Público, pero dio a entender que los expertos no podrán tener un careo.
Buitrago dijo a reporteros después de la audiencia que los expertos se mantienen optimistas sobre la posibilidad de que les permitan interrogar directamente a los militares porque lo considera un elemento crucial para la investigación, ya que los soldados estuvieron presentes en varias instancias durante las protestas ocurridas el 26 y 27 de septiembre.
“No es lo mismo que pregunte un tercero. Va a faltar algo o quedará la duda de por qué no se preguntó algo más”, agregó.
Los expertos designados por la comisión rechazaron los hallazgos y tras revisar la investigación gubernamental durante seis meses aseguran que deben seguirse otras pistas tras concluir que una hoguera de esa magnitud no pudo haber ocurrido en el basurero.
Los expertos habían recomendado remplazar al equipo de investigadores y revisar la hipótesis de que quizá los jóvenes desaparecieron porque habían secuestrado un autobús que transportaba heroína o dinero producto de la venta de drogas.
El acuerdo estipula que el despacho de Betanzos asumirá de forma exclusiva la investigación en reemplazo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, coordinará con los expertos los objetivos de un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego en el basurero y la elección definitiva de los peritos.
Manifestantes se apostaron frente a la sede de la OEA antes de que iniciara la audiencia, demostrando la gran expectativa que la precedió.
La CIDH planea tomar una decisión sobre la renovación del mandato de los expertos —que culmina el 31 de octubre— durante el 156 período de sesiones que celebrará en la capital estadounidense hasta el 28 de octubre.
La CIDH, el Estado mexicano y los parientes de las víctimas concedieron al grupo de expertos un mandato de seis meses a partir de marzo y en agosto lo extendieron otros dos meses.
Segunda necropsia
Miembros del Grupo Argentino de Antropología Forense harán una nueva necropsia a los restos de Julio César Mondragón, uno de los tres estudiantes de Ayotzinapa que fallecieron hace un año en Iguala (Guerrero, sur) y cuyo cuerpo estaba desollado, informó este martes la abogada de la familia.
Ante las “conclusiones sin sustento” de la necropsia anterior y después de que un juez de Iguala autorizara la exhumación del cuerpo, enterrado en el estado de México (centro), se fijó para el próximo 4 de noviembre la nueva autopsia, dijo a la AFP la abogada Sayuri Herrera.
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había recomendado que se hiciera un nuevo examen al cuerpo de Mondragón, que apareció desollado y con visibles signos de tortura, una circunstancia que el peritaje avalado por la fiscalía de Guerrero dijo que podía deberse a ataques de animales de la zona.
“Hay que clarificar la causa de su muerte y las condiciones en las que perdió la vida. Va a dar tranquilidad a la familia saber la verdad, por dura que sea” , expresó la abogada, que también entregó al juez 15 fotos que hizo la familia al cuerpo de Julio César antes de ser enterrado y otras 13 de la fiscalía de Guerrero que no habían sido tomadas en cuenta en los primeros dictámenes.
