Raúl Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del norteño estado de Sonora, explicó que se han detectado nueve casos de menores vendidos de esta manera pero el funcionario dijo que la trama llevaba funcionando años y no descartó que haya más niños involucrados, incluso personas que fueron vendidas cuando eran pequeñas pero que ya pueden ser adultas.
“Estos pseudofuncionarios identificaban a las madres, muchas en situación de vulnerabilidad, personas de bajos recursos o madres que tenían problemas de adicciones, y lo que hacían es quitarles los bebes para luego darlos en adopción pero a cambio de dinero”, explicó Ramírez.
La fiscalía estatal ha acusado a 16 personas de formar parte de esta trama y considera como principal sospechoso a Vladimir Arzate, de 30 años y trabajador de la fiscalía especializada en protección de la infancia.
Esta entidad oficial tiene potestad para retirar la custodia de menores en riesgo y entregarlos a los organismos de atención familiar correspondientes pero en lugar de hacer esto, parece que Arzate trabajaba en complicidad con un médico que expedía falsos certificados de nacimiento para los niños robados a nombre de los padres adoptivos y poniendo a estos como progenitores biológicos.
Funcionarios quitaban hijos a madres pobres para venderlos a familias adineradas.
Los interesados pagaban entre US$5 mil y US$9 mil por cada menor.
Incluso podría haber personas que fueron vendidas cuando eran niñas pero que ya serían adultas.
Unas 16 personas estarían involucradas en la red.
Trabajaban en complicidad con un médico.
Tres de los menores recuperados ya han sido identificados pero, según Ramírez, el problema es que “ya están encariñados con sus padres y ahorita les están llorando” .
De acuerdo al funcionario de derechos humanos, todos los niños fueron adoptados por familias mexicanas, generalmente adineradas que posiblemente cayeron en la desesperación por los largos trámites de adopción.
Según señaló, “les daban una vida ejemplar” pero “hicieron mal las cosas”, por lo que previsiblemente tendrán que enfrentar la justicia.
A los implicados en la trama se les acusa de tráfico y robo de niños, unos cargos que pueden conllevar de 15 años y medio de prisión a 40.
Una de las cuestiones que de momento no se han aclarado es cómo pudieron operar durante tanto tiempo. Aparentemente, pocos padres biológicos acudieron a las autoridades buscando a sus hijos robados.
Ramírez se refirió solo a una posible abuela biológica había contactado con su oficina.
Medios locales informaron de otro caso, la historia del hijo de un granjero que fue robado del hospital cuando el niño fue ingresado de un golpe de calor.
Ramírez no descartó que más funcionarios puedan resultar involucrados. “Los grandes perdedores han sido los niños”, apuntó por su parte el fiscal de Sonora, Carlos Navarro.
