“Los gobiernos federal y estatales de Chiapas (sureste) y Tabasco no desconocen lo que pasa en la ruta migratoria. Su omisión, indiferencia y escandaloso silencio los hace culpables”, denunció en un comunicado el refugio, que por recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con vigilancia policial ante reiteradas amenazas de muerte contra sus administradores.
“Necesitamos urgentemente que las autoridades investiguen, peinen la zona y capturen a esas bandas. Ya tienen detalles en las denuncias que han interpuesto ante la PGR (Procuraduría General de la República, fiscalía) víctimas y testigos de los más recientes ataques que se siguen incrementado”, añadió Figueroa.
El último ataque masivo contra indocumentados, en su mayoría centroamericanos, sucedió el 14 de mayo, cuando unas “200 personas, entre ellas niños y mujeres”, se subieron en Tenosique -a 60 kilómetros de donde está el refugio- al lomo del tren carguero denominado “La Bestia”, que parte de Mérida -Península de Yucatán- y pasa por Tabasco para concluir su primer trayecto en Veracruz (con costas en el Golfo de México), vecino de Tamaulipas (noreste), fronterizo con Estados Unidos.
Unos kilómetros después, “donde se encuentra el poblado ‘Boca del cerro’ (Tabasco), el crimen organizado detuvo el tren y atacó a las personas migrantes, entre ellos hombres, mujeres y niños”, y secuestraron a una cantidad de inmigrantes no determinada, indicó el refugio en su comunicado. “Por la tarde del mismo día, regresaron” al refugio dos testigos que relataron que entre los secuestrados estaban “dos de sus parientes” de Honduras, quienes fueron liberados tras el pago de ” tres mil dólares (más de dos mil 300 euros) por persona”, prosiguió.
Después de esa parada, los inmigrantes que abordaron el tren en otro punto del trayecto sufrieron otro ataque en la estación de Palenque, Chiapas. “En ese lugar opera una banda más del crimen organizado que les impidió el paso, pues les cobraba cien dólares por persona para llegar a la siguiente parada, donde deberían pagar cien dólares (cerca de 78 euros) más”, expuso La 72, nombre en honor al mismo número de inmigrantes que el cártel “los Zetas” secuestró y masacró en agosto de 2010.
“Las averiguaciones previas se siguen acumulando. La PGR no atiende de inmediato las denuncias”, advirtió Figueroa. Un portavoz de la PGR dijo a la AFP que “el Ministerio Público está realizando las investigaciones que permitan sustentar que efectivamente se cometieron esos delitos”.
La oficina del Ombudsman mexicano ha estimado que unos 20 mil migrantes son secuestrados cada año.
