Alfred Bourgeois, un hombre negro condenado a muerte por el asesinato de su hija de 2 años, recibió una inyección letal en una prisión de Terre Haute, Indiana, un día después que otro condenado, Brandon Bernard, fuera ejecutado también allí.
“Bourgeois fue declarado muerto a las 8:21 pm” locales, dijo la prisión federal en un comunicado.
Luego de una demanda por paternidad, Bourgeois, un exconductor de camión, ejercía la custodia temporal de su hija en el verano de 2002. La llevó a una ruta camionera y abusó severamente de ella hasta que en un momento le rompió el cráneo contra el parabrisas.
Dado que el crimen tuvo lugar en una base militar donde realizaba una entrega, fue juzgado en un tribunal federal y condenado a muerte en 2004. Permaneció en el corredor de la muerte desde entonces.
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Estados Unidos suspendió las ejecuciones federales a partir de 2003, en particular debido a dudas sobre la legalidad de las drogas administradas a los condenados.
Sin embargo, Trump suspendió esta moratoria en julio, a pesar de que los estados que todavía usan la pena capital han retrasado su aplicación debido a los peligros que representa para el personal penitenciario y los testigos por la pandemia de covid-19.
Siete ejecuciones federales se produjeron antes de las elecciones del 3 de noviembre, que Trump perdió ante el demócrata Joe Biden, quien se ha comprometido a trabajar con el Congreso para poner fin a las ejecuciones federales.
Durante 131 años, los presidentes salientes suspendieron las ejecuciones federales durante el período de transición.
Pero la administración Trump ha seguido adelante con las ejecuciones. Los abogados de Bourgeois pidieron a la Corte Suprema que intervenga, alegando que padecía una discapacidad mental.
Esta fue la 17 ejecución en 2020 en Estados Unidos, la décima a nivel federal, la cota más alta en más de un siglo.
Este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por la planificación de la “serie” de ejecuciones en Estados Unidos.
“Durante décadas, la CIDH ha apuntado a la pena de muerte como un desafío crítico para los derechos humanos”, indicó, precisando que Estados Unidos “es el único país en el hemisferio occidental que actualmente ejecuta a personas que son sentenciadas a muerte”.
