La medida podría implicar la toma de cuatro plantas cerveceras de Polar -la mayor productora de alimentos y bebidas del país- que están paralizadas desde el 30 de abril por la falta de acceso a divisas para importar insumos -según la compañía-, dentro del severo control de cambios impuesto en 2003.
Maduro también ordenó realizar el próximo sábado ejercicios militares para afrontar lo que denunció como una amenaza externa, en la que justifica el estado de excepción.
Mientras, en una concentración que reunió a unas mil personas, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) advirtió sobre el riesgo de un bloqueo al referendo.
” Si ustedes trancan la vía democrática, nosotros no sabemos que puede pasar en este país. Venezuela es un bomba que en cualquier momento puede explotar. Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo para que se movilice por el revocatorio“, afirmó el dirigente Henrique Capriles.
La oposición, que controla el Parlamento, exigió que el CNE cumpla los plazos legales y realice el referendo este año.
Las movilizaciones ocurrieron luego de que el viernes Maduro firmó un decreto de ” estado de excepción y de emergencia económica“contra la ” agresión externa“que, aseguró, se cierne sobre su país. El texto aún no fue publicado.
Maniobras de EE. UU.
El mandatario socialista denunció que ” se están activando medidas desde Washington, pedidas y promovidas por factores de la derecha fascista venezolana, envalentonados por el golpe de Estado de Brasil“contra Dilma Rousseff.
A su juicio, Estados Unidos urde esas maniobras para ” acabar con las corrientes progresistas en América Latina“.
Pero no ahondó en tales acciones, si bien denuncia a menudo planes de intervención de Estados Unidos como lo hizo en numerosas ocasiones su predecesor Hugo Chávez (1999-2014).
Maduro amplió así los alcances de un decreto de emergencia económica vigente desde enero y que expiraba este sábado.
El presidente enfrenta una severa crisis económica, reflejada en una inflación voraz (180,9% en 2015) y severa escasez de bienes básicos, a lo que se suman racionamientos de agua y electricidad.
Maduro aseguró que el decreto será extendido durante el 2016 y el 2017, y ayudará a recuperar la producción.
Maduro -cuya gestión reprueba un 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro- no detalló si el decreto de excepción restringirá derechos civiles.
Según el periódico “The Washington Post”, funcionarios del servicio de inteligencia estadounidense estiman que el gobierno de Venezuela podría ser derrocado este año por una insurrección popular.
Desarticular la protesta
” Maduro ha interpretado que la movilización de la gente en la calle va a obligar a la realización del referendo en 2016, así que desmovilizándola puede maniobrar para posponerlo hasta el 2017“, dijo a la AFP la analista y experta en temas de seguridad Rocío Sanmiguel.
Añadió que Maduro podría optar por el ” estado de conmoción interna y externa“, una de las formas más radicales del estado de excepción, lo que limitaría el derecho de protesta y reunión y autorizaría detenciones preventivas y allanamientos sin orden judicial.
Para el sociólogo Héctor Briceño, la medida apunta al ” control de la protesta“, pues por primera vez en la era chavista podrían coincidir el malestar social y político.
” El momento donde se da esa articulación será el día que digan que no se puede hacer el referendo este año“, declaró a la AFP.
Al dictar el decreto, Maduró fustigó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien sostiene que no realizar la consulta este año constituiría el ” peor acto de corrupción política”.
La MUD está a la espera que el CNE -al que acusa de servir al gobierno- valide las firmas que entregó el 2 de mayo para pedir la activación del revocatorio.
Si la auditoría es exitosa, la MUD debería recaudar luego cuatro millones de firmas para que se convoque el referendo.
La oposición quiere realizar la consulta este año, pues si se la hace después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.
