La Constituyente sesionará por tiempo indefinido en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, frente al hemiciclo donde realiza sus debates el Parlamento de mayoría opositora.
“El pueblo hoy regresa a la Asamblea de donde no tenía que salir”, dijo Euclides Vivas, de 72 años, con un distintivo en el pecho que rezaba “No al fascismo”.
“Hipoteca el futuro”
La instalación de la Constituyente se realiza en medio de un fuerte rechazo internacional, seriamente cuestionada por acusaciones de “fraude” en la elección el pasado domingo de los 545 asambleístas.
El Vaticano pidió este viernes que se suspenda la Constituyente por fomentar “un clima de tensión” e “hipotecar el futuro”, lo que ya exigió Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos que la consideran una amenaza a la democracia.
Un 80% de venezolanos rechaza la gestión de Maduro y 72% desaprobaba su Constituyente.
Maduro afirma que su proyecto traerá paz a un país convulsionado por protestas que dejan unos 125 muertos en cuatro meses, y lo sacará de la crisis económica que agobia a los venezolanos con una escasez crónica de alimentos y medicinas, y una brutal inflación.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que convocó a una marcha en Caracas para la tarde de este viernes, considera la Constituyente un “fraude” con el que Maduro busca evadir elecciones, perpetuarse en el poder e instaurar un régimen comunista.
Poco antes de la instalación, el alcalde de Caracas Antonio Ledezma fue devuelto a su casa, en detención domiciliaria, tras haber sido encarcelado el martes con el opositor Leopoldo López.
“¡Fraude!”
Dos días antes de la toma de posesión de la Constituyente, la empresa Smartmatic, que dio soporte tecnológico a los comicios, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “manipuló” la cifra de votantes.
Según el CNE, sufragaron ocho millones de electores, un millón más de lo que calcula Smartmatic, en unos comicios donde la asistencia era clave, pues la MUD asegura que logró el 16 de julio 7.6 millones de votos en un plebiscito simbólico contra la Constituyente.
La denuncia golpeó aún más su legitimidad, cuestionada desde un inicio porque Maduro la convocó sin referendo previo y porque su sistema comicial, según los opositores, favorecía el control al Gobierno.
El lunes, un día después de la elección, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones financieras y jurídicas a Maduro, a quien llama “dictador”, tras hacerlo la semana pasada con 13 funcionarios venezolanos, incluida la presidenta del CNE, Tibisay Lucena.
Maduro denuncia una campaña “del enemigo internacional” comandada por Estados Unidos y que siguen “gobiernos neoliberales de derecha serviles al imperialismo”.
La crisis venezolana será tratada por los cancilleres del Mercosur en Brasil el sábado y por ministros del continente en Perú la semana próxima.
“Un salvavidas”
Un 80% de venezolanos rechaza la gestión de Maduro y 72% su Constituyente, según Datanálisis. Pero el presidente contó con el apoyo de los poderes judicial, electoral y militar para llevar adelante su proyecto.
El proyecto avivó las protestas y fracturó al chavismo. La fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista, lo considera un “cheque en blanco” para satisfacer una “ambición dictatorial”.
“Más que cambiar la Constitución, el objetivo es gobernar sin límites. Es el mecanismo de autocratización del gobierno (...), su salvavidas”.
El Gobierno ha advertido que la Constituyente, encargada de sustituir con un nuevo texto la Carta Magna de 1999 impulsada por Chávez, se ocupará de la fiscal y los parlamentarios y dirigentes opositores.
En plena tensión, un magistrado nombrado por el Parlamento fue arrestado, otros cinco se refugiaron en la embajada de Chile, y Panamá le concedió asilo a dos más este viernes.
“Viene un aumento de la conflictividad frente a un proyecto impuesto a la fuerza” , aseguró a la AFP la analista Colette Capriles.
Aunque Maduro prometió que la nueva Carta Magna será sometida a referendo, la Constituyente tomará decisiones de aplicación inmediata.
