En el área conocida como el exterior del Despacho Oval, habían puesto cajas para empacar el contenido de los escritorios que usaban los asistentes y asesores personales del presidente Donald Trump. Pero las cajas estaban casi vacías. En la mesa del comedor privado de Trump, hasta el final hubo altas pilas de documentos.
En la residencia de la Casa Blanca, se veían algunas señales de que Trump se había percatado que era el fin de su época. En dos docenas cajas, aproximadamente, habían metido documentos que no habían enviado de regreso a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos. De acuerdo con algunos comentarios realizados a The New York Times, en las últimas semanas, los asesores habían sustraído, incluso, cartas del dirigente norcoreano Kim Jong-un y se las habían dado a Trump.
No se sabe dónde terminó todo ese material, pero lo que es claro es que la negativa de Trump de devolver documentos gubernamentales reunidos mientras estuvo en el cargo ha dado lugar a una batalla legal potencialmente nociva que amenaza con hundir al expresidente y a algunos de sus colaboradores y que se pudo haber evitado en su totalidad.
Lea también:
Pese a que la oficina del abogado de la Casa Blanca le había dicho a Mark Meadows, el último jefe de personal de Trump, que el material de las aproximadamente dos docenas de cajas de la residencia tenía que ser devuelto a los archivos, incluso las cartas de Kim y algunos documentos etiquetados como muy confidenciales, este fue embarcado a Florida. Según varias personas informadas sobre estos acontecimientos, fueron almacenadas en diversos lugares en el interior de Mar-a-Lago, el club exclusivo para miembros de Trump, donde tiene su casa y su oficina.
Esas maniobras, junto con la prolongada negativa de Trump de regresar los documentos de Florida a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos, hicieron que el Departamento de Justicia tomara cartas en el asunto a principios de año. Este mes, los fiscales obtuvieron una orden de allanamiento para buscar en Mar-a-Lago los materiales restantes, entre ellos algunos relacionados con asuntos delicados de seguridad nacional. De acuerdo con resoluciones judiciales recientes, la investigación está abierta y en desarrollo, mientras los fiscales consideran posibles transgresiones graves a la Ley de Espionaje y obstrucción de la justicia.
Un portavoz de Trump no respondió a nuestra solicitud de aportar sus comentarios. Trump ha calificado el allanamiento del FBI en Mar-a-Lago como una “cacería de brujas”. Su oficina ha dicho que tenía una “instrucción” de que, al parecer, los materiales sustraídos del Despacho Oval y llevados a la residencia de la Casa Blanca iban a ser desclasificados en el momento en que se los llevó, pese a que ninguno de los tres posibles delitos citados en la orden de allanamiento del FBI depende de si los documentos sustraídos son clasificados o no.
Un abogado de Meadows se negó a hacer comentarios.
Los abogados y asesores de Trump estaban bien versados en la Ley de Registros Presidenciales, la cual rige el manejo estricto de los expedientes generados en el Despacho Oval, aunque Trump la infringiera de manera habitual. Según algunos exfuncionarios, Donald McGahn, el primer abogado de Trump en la Casa Blanca, instauró un protocolo para el manejo adecuado de materiales y realizó presentaciones sobre esta ley para los miembros del personal. De acuerdo con los exfuncionarios, después de las elecciones de 2020, los funcionarios de la Casa Blanca hablaron de que alguien tenía que recuperar los documentos que Trump había reunido en la residencia.
Según algunas personas de su entorno, antes de que terminara su mandato, el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y su adjunto, Patrick Philbin, estaban muy conscientes de que el manejo que Trump había hecho de los documentos representaba un problema potencial.
Pero no se sabe qué tanto margen de maniobra tenía cualquiera de ellos para enfrentar el asunto. Según los exfuncionarios, a menudo Trump peleaba con Cipollone porque este iba en contra de sus intentos de sabotear el triunfo de Joe Biden.
Los predecesores inmediatos de Meadows —el último jefe de personal del presidente Barack Obama, Denis McDonough, y el último jefe de personal del presidente George W. Bush, Joshua Bolten— habían formado equipos para extraer de las oficinas del ala oeste cualquier cosa que perteneciera a los archivos.
Los excolaboradores señalaron que no se sabe si Meadows tomó las mismas medidas, pero en las últimas semanas del gobierno, la Casa Blanca envió por correo electrónico a todas sus oficinas las instrucciones acerca de la devolución de documentos. Alguien que estuvo al tanto de esas conversaciones afirmó que Meadows dio seguimiento a esos avisos y recomendó a las oficinas que las cumplieran.
Dos personas que supieron de esta situación mencionaron que Meadows también les aseguró a los miembros del personal de la Casa Blanca que hablaría con Trump acerca de la seguridad de los expedientes.
Pero para principios de 2021, después de que Trump saliera de la Casa Blanca, los funcionarios de los archivos se percataron de que faltaba mucho material.
Se comunicaron, entre otras personas, con Scott Gast, quien había trabajado como abogado en la oficina del abogado de la Casa Blanca durante el mandato de Trump, y con Philbin.
Los archivistas insistían, sobre todo, en que se devolviera la correspondencia faltante del dirigente norcoreano y una carta que Obama había dejado para Trump sobre el escritorio Resolute.
Los funcionarios de los archivos también les preguntaron a Gast y a Philbin sobre las dos docenas de cajas, aproximadamente, que habían estado en la residencia durante los últimos días del gobierno. Philbin contestó que trabajaría para hacerlas llegar a los archivos y se comunicó con Meadows, quien, según los exfuncionarios, dijo que ayudaría a que eso sucediera.
Pero los funcionarios de los archivos no obtuvieron los documentos que querían hasta que, en enero pasado, fueron a Mar-a-Lago y recuperaron quince cajas de material. Posteriormente, los funcionarios de los archivos le dijeron al equipo de Trump que habían detectado que no se habían conservado los archivos de las redes sociales y que se habían enterado de que los miembros del personal de la Casa Blanca no habían conservado en sus cuentas personales de mensajería electrónica los trámites oficiales que habían realizado.
Entonces, remitieron el asunto al Departamento de Justicia. En la primavera, el FBI interrogó a Philbin y a Gast acerca de las cajas; en algún momento, Cipollone también fue entrevistado y luego se formó un gran jurado.
En junio, uno de los abogados de Trump firmó un comunicado en el que aseguraba que habían devuelto todos los documentos relevantes que estaban dentro de las cajas etiquetados como confidenciales y que habían sido requeridos. Después, el Departamento de Justicia archivaría una declaración jurada ante un juez federal de Florida en la cual se revelaba que el departamento creía que se habían cometido algunos posibles delitos, lo cual suscitó el allanamiento del club el 8 de agosto.
Si Trump o Meadows necesitaban un ejemplo sobre el manejo adecuado de documentos del gobierno, solo tenían que haber acudido a la oficina del vicepresidente Mike Pence.
De acuerdo con tres exfuncionarios que estaban al tanto de este trabajo, dos de los principales asesores de Pence —Marc Short, su jefe de personal, y Greg Jacob, su abogado— supervisaron la indexación y el embalaje de todos los documentos gubernamentales que él tenía.
Según uno de los funcionarios, su objetivo era garantizar que Pence dejara el cargo sin llevarse un solo documento que no le perteneciera.
Cuando Biden llegó al Despacho Oval al tomar posesión, en un cajón del escritorio encontró una carta de Trump. El nuevo presidente subrayó que, en la carta, Trump había sido más amable de lo que hubiera esperado.
Fue uno de los primeros documentos de Biden que tendrán que ser enviados a los archivos.
