La cámara celebrará un pleno extraordinario en principio para analizar una respuesta a la intervención anunciada por Madrid en Cataluña. La reunión, sin embargo, podría servir para declarar la independencia unilateral y proclamar una nueva “república catalana”, como piden los sectores más duros del “Govern” de Carles Puigdemont.
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La sesión, que comenzará mañana a las 16:00 horas (14:00 GMT) y finalizará al parecer el viernes, puede servir también para convocar elecciones autonómicas. El “Parlament” quiere además estudiar acciones legales contra la intervención de la autonomía regional por parte del Estado, vista por el independentismo como un “ataque” a la democracia.
¿Qué consecuencias tendría la declaración de independencia?
Su efecto práctico sería limitado: el Gobierno de Mariano Rajoy recurriría la declaración ante el Tribunal Constitucional, que la suspendería, y se limitaría a seguir adelante con la intervención de la autonomía de Cataluña, que el Senado en Madrid aprobará el viernes en virtud del artículo 155 de la Constitución.
La declaración unilateral de independencia puede en cambio salir cara a Puigdemont, que afrontaría en ese caso una querella por rebelión, delito castigado con hasta 30 años de prisión. Así lo adelantó el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, según el cual Puigdemont puede incluso ser detenido por “un acto de una gravedad importante”.
¿Queda aún margen para una salida negociada a la crisis?
El margen es mínimo. Los socialistas del PSOE, que apoyan al Gobierno en la intervención de la autonomía, piden frenar esa medida si Puigdemont convoca elecciones. Pero el Partido Popular (PP) de Rajoy cree que los comicios serían insuficientes y exigen al líder catalán que renuncie a la independencia y vuelva a la ley.
Una marcha atrás de Puigdemont irritaría a socios y votantes, por lo que parece improbable. Más aun después de que el jefe del “Govern” desistiera hoy de acudir al Senado español mañana o el jueves para presentar alegaciones contra el artículo 155, una posibilidad que prevé la Constitución.
¿En qué consistirá la intervención de la autonomía de Cataluña?
El artículo 155 de la Constitución, nunca aplicado hasta ahora en 40 años de democracia en España, permite al Estado adoptar “las medidas necesarias” para forzar a una región a cumplir la ley. El Gobierno de Rajoy anunció el sábado que lo usará para destituir a Puigdemont y su Gobierno y convocar elecciones autonómicas en un plazo de seis meses.
También se espera que limite las competencias del “Parlament”, intervenga las cuentas de la región, la Policía regional (Mossos d'Esquadra), oficinas de representación extranjera de Cataluña e incluso el canal autonómico TV3, entre otras medidas. La intervención comenzará el mismo sábado de forma gradual y por tiempo limitado.
¿Qué consecuencias concretas tendrá en Cataluña… y en Madrid?
La intervención inédita del Estado central en una región tiene un alto costo de imagen -motivo por el que Rajoy intentó evitarla hasta último momento- y fue presentada por el independentismo en Cataluña como un agravio y una “humillación”.
La aplicación del 155 promete así ser conflictiva y recibida con protestas en las calles y resistencia social y política, con el consecuente riesgo de incidentes y actuaciones policiales.
La Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido antisistema que apoya al Gobierno de Puigdemont, llamó ya a una “lucha no violenta” y a la “desobediencia civil masiva”. Diversos sectores convocaron también protestas y huelgas. El “Govern” aseguró además que sus funcionarios se negarán a obedecer “órdenes de Madrid”.
¿Será Cataluña independiente?
No a medio plazo. Sin tomar en cuenta la intervención de Madrid que desbaratará el plan secesionista, la “república catalana” requeriría reconocimiento internacional y que España retirara su presencia en la región (jueces, policía, Ejército, funcionarios, etc.): dos condiciones que hoy nadie se plantea.
Incluso sin esos obstáculos, un nuevo país no puede crearse de la noche a la mañana. La nueva república tendría que crear su propia moneda o imprimir pasaportes. Cataluña carece de Ejército y solo cuenta con una Policía autonómica. La reciente fuga de más de mil empresas de la región muestra también los retos económicos que tendría el nuevo país.
La independencia divide además a la sociedad catalana. Las encuestas muestran que algo más de la mitad la rechaza, aunque una mayoría que llegó a superar el 80 por ciento pide decidir en un referéndum legal y pactado con Madrid.
Según datos del Gobierno catalán, un 43,03 por ciento del censo participó en la polémica consulta del 1 de octubre, suspendida por la Justicia y celebrada sin condiciones mínimas. El “sí” a la ruptura con España ganó por un 90 por ciento, en parte porque los partidarios del “no” boicotearon la votación.
