No obstante, apenas ahora se ha revelado que una cantidad considerable de menores que cuentan con la ciudadanía estadounidense también fueron separados de sus padres conforme a la política de cero tolerancia, mediante la cual los padres migrantes fueron procesados penalmente y encarcelados por haber cruzado la frontera sin autorización.
De acuerdo con los abogados y defensores de migrantes que trabajan en el gobierno para encontrar a las familias, cientos de menores, tal vez incluso hasta 1000, que nacieron en Estados Unidos fueron separados de padres inmigrantes en la frontera.
En muchos casos, los menores fueron puestos bajo cuidado tutelar durante periodos prolongados, y algunos aún no se han reunido con sus padres por encontrarse perdidos en el sistema durante casi cinco años después de que se efectuaron estas separaciones.
“Ni siquiera sabemos dónde están ahora sus padres o si los padres saben dónde están sus hijos”, señaló Paige Chan, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Together and Free, quien trabaja con un equipo del gobierno encargado de averiguar el paradero de las familias separadas. “El gobierno de Estados Unidos apenas está comenzando a contabilizar el número de ciudadanos estadounidenses a los que se les sometió a este inadmisible trauma”.
Ya se sabe que aproximadamente 5500 menores nacidos en el extranjero fueron separados de sus padres con esa política. La separación duró en promedio unas cuantas semanas, pero en algunos casos se prolongó por años.
Estas revelaciones constituyen la primera confirmación de que los niños nacidos en Estados Unidos que estaban viajando con sus padres migrantes también fueron víctimas de la política de separación, la cual se oficializó a lo largo de la frontera en abril de 2018, después de ponerse a prueba el año anterior en El Paso, Texas.
Como ciudadanos estadounidenses, los infantes no contaban necesariamente con ningún otro derecho que hubiera impedido que los separaran de padres encarcelados, señalaron los analistas jurídicos. De hecho, tal vez habría sido una desventaja para ellos: su condición de ciudadanos los ponía de manera automática bajo la supervisión de las autoridades estatales para el bienestar de la infancia, lo que complicaba los trabajos de rastreo para volver a ponerlos en contacto con sus padres.
Mientras que los niños nacidos en el extranjero fueron transferidos a refugios administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, donde los registraron en bases de datos a nivel federal y finalmente les permitieron hablar por teléfono con sus padres, no se aplicó el mismo procedimiento para los menores que fueron enviados a los sistemas estatales de cuidado tutelar. Mediante diversos criterios, se les otorgó a los tribunales de lo familiar la facultad de decidir cómo gestionar los casos de manera independiente.
La situación se agravó todavía más cuando los padres fueron deportados.
“En teoría, un tribunal para menores establece si al infante le conviene más reunirse con alguno de sus padres, aun cuando este haya sido deportado o esté sujeto a una deportación inminente”, señaló Carlos Holguin, un abogado que ha representado a miles de niños migrantes en custodia del gobierno.
Si un juez decidiera que un niño no regresará con su padre migrante y no estuviera disponible ningún familiar estadounidense, el menor podría quedar bajo cuidado tutelar hasta que cumpla 18 años, explicó Holguin.
La mayoría de estos niños nacieron en Estados Unidos y son hijos de padres inmigrantes que regresaron a su país de origen en medio de una economía cada vez peor y el aumento de la violencia de pandillas en México y Centroamérica.
A los padres de ciudadanos estadounidenses no se les permite de manera automática quedarse en Estados Unidos, aunque después de cumplir 21 años, esos hijos pueden patrocinarlos para que obtengan su permiso de residencia.
Debido a que los expedientes oficiales están dispersos e incompletos, el gobierno tardará meses en revisar los demás archivos para identificar a los padres y a los niños separados y luego intentar saber su paradero en Estados Unidos o en el extranjero, explicaron varios defensores de inmigrantes que han estado trabajando para rastrear los casos con el equipo interinstitucional encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional.
Angelo Fernández, vocero de este departamento, confirmó que un número indeterminado de ciudadanos estadounidenses menores de edad había sido víctima de las separaciones en la frontera y aseveró que el grupo de trabajo ha estado “peinando los expedientes” para identificarlos.
El departamento ha estado alentando a las familias separadas a que se registren en un sitio web creado para garantizar que reciban algunos servicios, comentó.
Chan señaló que su organización tenía conocimiento de al menos 226 niños estadounidenses que habían sido enviados a la agencia de servicios de protección infantil en el condado de San Diego, California. Chan añadió que no se tienen registros de infantes separados que hayan sido enviados a cuidado tutelar en Arizona, Nuevo México y Texas.
Niños de diversas edades y nacionalidades fueron víctimas de la política de separación, cientos de los cuales tenían menos de 5 años. En ese momento, el gobierno de Trump aseveró que dicha política era un intento de frenar a los miles de padres que, según las autoridades, estaban poniendo en riesgo a sus hijos al llevarlos a la frontera en travesías muy peligrosas.
Las autoridades aseguraron que separar a los menores de padres que van a ser encarcelados es una práctica habitual. En otros casos, es común que separen a los niños de padres que son ciudadanos estadounidenses, por ejemplo, cuando las mujeres dan a luz mientras están en la cárcel o cuando ha habido violencia o abandono por parte de los padres.
No obstante, las imágenes y los audios de los pobres niños llorando después de que se los arrancan con violencia a sus padres migrantes provocó una gran indignación a nivel nacional e internacional y la política fue revocada.
En junio de 2018, un juez federal de California le ordenó al gobierno que reuniera con sus padres a los menores que habían sido separados de ellos como respuesta a una demanda judicial colectiva entablada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) contra la política de separación. Las autoridades federales facilitaron la reunificación de padres y niños que seguían en custodia, pero muchos de los padres habían sido deportados.
Desde entonces, cerca de 900 padres y hermanos deportados han sido llevados de regreso a Estados Unidos y les han permitido quedarse en el país bajo una situación legal provisional hasta que se llegue a un acuerdo a largo plazo.
Las familias que se han vuelto a reunir han sido canalizadas a servicios de salud mental financiados por el gobierno, y la ACLU está pugnando para que se les ofrezca a esas familias una manera de obtener la permanencia en Estados Unidos como compensación por el daño provocado por las separaciones.
El mes pasado, Lee Gelernt, quien encabeza el caso judicial para esta organización de derechos civiles, dijo en el tribunal que las negociaciones con el gobierno estaban “avanzando con rapidez”, lo cual indica que quizás haya un acuerdo en puerta.
