Angelica Cárcamo, de la APES, brindó una entrevista a Guatevisión y Prensa Libre en la que indicó que los ataques contra la prensa han sido peores en el gobierno de Nayib Bukele que en las administarciones enteriores.
Pronostica que cuando se materialice la reelección esta situación podría empeorar, no solo desde el Ejecutivo sino por parte de los demás funcionarios de gobierno y organismos estatales.
¿Cómo es la situación en el país respecto a la libertad de prensa?
Este gobierno es el actor que más está atacando a la prensa comparados a períodos anteriores. El Centro de Monitoreo de Agresiones para periodistas documentó que 2023 lo cerramos con 168 casos que suman 311 agresiones en total —en algunos hechos se dieron varias agresiones contra uno o varios periodistas—, siete de cada diez casos son vinculados por entidades estatales.
Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del ejecutivo sobre el tema de Pegasus. Un software espía que solo se le vende a estados, no se le vende a empresas privadas ni a personas naturales. Fueron más de una veintena de personas afectadas con este software y en algunos casos hasta por dos años. Hasta la fecha la Fiscalía General de la República no ha dado avances de esa investigación.
Hay una narrativa permanente de este gobierno empezando por el presidente de atacar a la prensa crítica independiente, que es muy irónico porque antes de que fuera presidente, Bukele se codeaba y regocijaba de los trabajos periodísticos independientes.
Incluso llegó a participar en 2016 en el famoso Foro Centroamericano de Periodistas.
El presidente prácticamente ha publicado posts en la red social X atacando a la prensa, atacando a los que son financiados por Soros, incluso ha hecho frases como referirse a que son una jauría, me parece que son declaraciones no propias de un mandatario.
Y respecto a los demás organismos del Estado, ¿cómo es la relación con la prensa?
Hemos tenido también reformas en el Congreso que han afectado el ejercicio periodístico en el marco del régimen de Excepción.
Por ejemplo, hubo reformas al Código Penal y la Ley de Proscripción de Pandillas que amenazaba con cárcel de hasta 15 años a periodistas que realizaron coberturas sobre hechos de violencia de pandillas, que si bien hubo modificaciones en esas reformas porque fueron revertidas a finales del año pasado, ya hubo un impacto a la sensibilidad del trabajo periodística.
Me refiero a la autocensura, principalmente en medios comunitarios y locales y a la movilización de periodistas.
¿Cuántos periodistas han salido del país por intimidaciones o agresiones?
Entre 2022 y 2023 tuvimos 17 periodistas que se vieron obligados a salir del país para resguardar su integridad por esas reformas legales de los cuales tres decidieron quedarse de forma permanente fuera del país, porque no ven acá una opción para poder hacerlo.
Además, hemos visto también robo de equipos sobre todo periodistas investigativos. Hay un periodista de un medio especializado que también ingresaron a su casa y le robaron también su equipo de trabajo.
Hemos tenido detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que con el régimen han tenido como más poder para poder creer que puede restringir la labor de la prensa.
Tenemos el caso del padre de la periodista Carolina Maya, que luego de que la colega publicó una investigación periodística que afectaba intereses de empresas privadas vinculadas a la actual administración, su padre fue capturado y pasó de prisión desde febrero a diciembre del 2023.
Entonces, son escenarios que no habíamos visto en los últimos años, al menos en gobiernos anteriores. Ojo no quiero decir que gobiernos anteriores no afectaron a la prensa.
Actúa en una línea muy fina y muy delgada y donde hay un límite en donde él —Bukele—va probando hasta dónde puede atacar a la prensa y asectores de sociedad civil, sobre todo organizaciones de derechos humanos, pero sin llegar a criminalizarlas con cárcel o cierre de medios.
¿Y sobre el acceso a la información?
El nivel de corrupción que esta administración ha tenido es impresionante. Solo durante la pandemia se habla de millones de dólares. No hay un tema de acceso a la información sobre gastos o compras de equipos, de mascarillas, por ejemplo, de donaciones que se debían haber utilizado para la pandemia.
En El Salvador existe una Ley de Acceso a la Información Pública creada desde 2014 además, viene acompañada de un Instituto de acceso a la información pública que ayudaba a canalizar, por ejemplo, aquellas solicitudes de información que fueran negadas.
Un reciente estudio de la organización social revelan que apenas una de cada diez solicitudes de acceso a la información tener una respuesta, pero ni siquiera es completa.
La fiscalización que es necesaria. Eso ocurre en un gobierno democrático, pero cuando se borran temas como la transparencia, temas a derechos fundamentales como la libertad de prensa y expresión, eso es lo que está cambiendo en El Salvador, a un tipo de gobernante populista que quiere quedar por muchos años más.
Hay ahora toda una ola tendencia de youtubers progobierno. Ojo, nuevamente, no estoy en contra de las personas influencers o youtubers, o sea, toda la ciudadana tiene derecho a la libertad de expresión. Lo que no se vale es que se instrumentalicen estas figuras para atacar a la prensa, que es lo que está sucediendo en El Salvador.
¿Cuál es su análisis de que Bukele busque la reelección?
Lo que vamos a ve el 4de febrero, es algo que ya tenemos previsto, y es la consumación de una reelección inconstitucional y es la caída de la democracia en El Salvador. De una débil democracia que le costó a este país más de veinte años de una guerra civil durante los ochentas.
Lo que está sucediendo hoy en día en El Salvador es el inicio de un proceso muy largo antidemocrático para este país, que ojalá no nos traiga daños severos, pero creo que el escenario que estamos en plan es casi irreversible, probablemente pueda durar más de cinco años más.
