Finalmente, sus ayudantes aseguraron que tenía una “orden vigente” para desclasificar documentos que salieron del Despacho Oval para su residencia, y que parte del material estaba protegido por el privilegio ejecutivo y el secreto profesional entre un cliente y su abogado.
Esas son las distintas explicaciones que el expresidente Donald Trump y sus colaboradores han ofrecido sobre los materiales que los agentes del FBI hallaron la semana pasada al registrar su residencia en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.
Trump y sus aliados han presentado el cateo como un ataque con tintes partidistas mientras que han amplificado las razones contradictorias sobre el manejo de documentos delicados y no logran responder una pregunta clave de la indagatoria federal: ¿Por qué conservaba documentos, algunos de ellos etiquetados como clasificados, en un resort de Florida sin seguridad cuando durante un año los funcionarios habían intentado recuperarlos?
Las defensas encontradas y sin fundamento que Trump y su equipo han perpetuado desde el cateo del FBI siguen un patrón ya conocido empleado por el expresidente. Lo ha utilizado durante décadas, de manera más visible cuando enfrentó la investigación sobre si su equipo de campaña había conspirado con los rusos en 2016 y durante su primer juicio político.
En ambos casos, se victimizó y mezcló algunos hechos con un aluvión de afirmaciones engañosas o falsedades. Sus abogados negaron que hubiera relacionado la retención de ayuda militar crucial de su gobierno para Ucrania con el deseo de Trump de que se investigara a Joseph Biden Jr. y a su hijo, Hunter Biden.
Cuando surgió información que contradecía esa defensa en un libro de John Bolton, un exasesor de seguridad nacional de Trump, los abogados de Trump cambiaron de argumento para insistir que no había vinculado la asistencia a las investigaciones y que, si lo hubiera hecho, eso no habría constituido una falta merecedora de un juicio político.
De las distintas investigaciones que Trump enfrenta en la actualidad —entre ellas una indagatoria estatal en Georgia y dos investigaciones federales, todas relacionadas con su intento de aferrarse al poder al final de su mandato, así como indagatorias civiles y penales en Nueva York relacionadas con su empresa— la que podría tener el mayor potencial de dañarlo es la que se refiere al manejo de documentos de naturaleza sensible.
Una orden de cateo que se difundió el viernes reveló que los agentes federales habían recuperado documentos ultrasecretos al registrar la residencia de Trump en Florida como parte de una investigación sobre posibles violaciones a la Ley de Espionaje y otras leyes.
Entre los 11 juegos de documentos recuperados algunos estaban etiquetados como “clasificados/TS/SCI”, una abreviatura en inglés para “ultrasecreto/información sensible compartimentada” según un inventario de los materiales recuperados durante el cateo. Ese tipo de documentos solo pueden verse en instalaciones seguras. El inventario de documentos incluía otros materiales, algunos de los cuales estaban descritos como “confidencial”.
La sorprendente revelación dejó en claro la gravedad de la investigación del Departamento de Justicia meses después de que los Archivos Nacionales y Administración de Documentos indicó que había descubierto información clasificada en documentos que Trump conservó luego de dejar el cargo.
“Lo que no tiene es el derecho a poseer estos documentos, no son suyos”, dijo Jason R. Baron, quien durante más de una década fue director de litigios de los Archivos Nacionales. “No debería haber registros presidenciales en Mar-a-Lago, ya sean clasificados o desclasificados o sujetos al privilegio ejecutivo o al privilegio abogado-cliente”.
Los documentos protegidos por el privilegio ejecutivo deben mantenerse dentro del gobierno.
Un vocero de Trump no respondió a una solicitud de comentarios.
Trump utilizó el mal manejo de material clasificado por parte de Hillary Clinton, como se vio en una investigación del Departamento de Justicia sobre sus hábitos de correo electrónico en 2015 y 2016, como carne de cañón en su primera campaña. El exmandatario está considerando otra campaña presidencial para 2024, y los cuestionamientos sobre si manejó mal los secretos de la nación podrían ser problemáticos para él, incluso en ausencia de una investigación.
Luego de que funcionarios de los Archivos Nacionales intentaron durante meses recuperar materiales en posesión de Trump, él devolvió 15 cajas de documentos en enero. El mes siguiente, Archivos Nacionales confirmó que se había descubierto información clasificada y refirió el asunto al Departamento de Justicia.
A lo largo de los meses siguientes, los funcionarios se enteraron de que Trump aún conservaba materiales adicionales en Mar-a-Lago que algunos de sus asesores le habían instado a entregar.
Trump describió la entrega de las 15 cajas como un “proceso común y rutinario”. Pero durante más de 40 años se ha requerido que las gestiones salientes entreguen los documentos a los Archivos Nacionales antes de dejar el cargo. La medida es parte de la Ley de Registros Presidenciales creada debido al intento del presidente Richard Nixon de llevarse documentos y grabaciones luego de su renuncia.
Kash Patel, un exfuncionario del gobierno de Trump, justificó posteriormente el manejo de los documentos diciendo que Trump los había desclasificado antes de dejar el cargo, una afirmación de la que se hizo eco el expresidente la semana pasada.
En una aparición en Fox News el 12 de agosto por la noche, el escritor de derecha John Solomon, uno de los representantes de Trump ante los Archivos Nacionales, leyó una declaración de la oficina del expresidente que afirmaba que Trump tenía una “orden vigente” durante su presidencia en la que “los documentos retirados del Despacho Oval y llevados a la residencia se consideraban desclasificados en el momento en que se les retiraba”.
Esa afirmación no resolvería la investigación. Dos de las leyes a las que se refiere la orden de allanamiento ejecutada la semana pasada tipifican como delito la sustracción u ocultación de registros gubernamentales, independientemente de que tengan algo que ver con la seguridad nacional. Y las leyes contra llevarse material con información de seguridad nacional restringida no dependen de si el material está técnicamente clasificado.
Bolton, quien durante 17 meses fue el tercer asesor de seguridad nacional de Trump, dijo que nunca había oído hablar de la orden permanente que la oficina de Trump afirmaba tener vigente. “Casi seguro que es una mentira”, dijo.
“Cuando llegué, nunca me informaron sobre tal orden, procedimiento o política”, dijo Bolton, y agregó que nunca le habían dicho nada mientras trabajó ahí, y nunca había oído hablar de eso después. “Si él dijera algo así, sería algo que tendrías que recordar, para que la gente supiera que existió”, dijo.
Además, señaló, se construyeron instalaciones seguras para ver material confidencial en los clubes de Trump en Florida y Nueva Jersey, donde a menudo pasaba los fines de semana como presidente, lo que significa que no sería necesario desclasificar los documentos. Y si estuvieran desclasificados, dijo Bolton, se considerarían sujetos a solicitudes de registros públicos.
“Cuando alguien comienza a inventar mentiras como esta, muestra un nivel real de desesperación”, dijo.
La afirmación de que los documentos retenidos en la residencia de Florida fueron desclasificados también debilita una afirmación que hizo uno de los abogados de Trump en junio. En una declaración escrita, el equipo del abogado dijo que todo el material marcado como clasificado y almacenado en Mar-a-Lago había sido devuelto al gobierno.
La semana pasada, Trump volvió a acusar al Departamento de Justicia de actuar como una herramienta de sus oponentes políticos, una estrategia familiar para un expresidente que, durante sus cuatro años en el cargo, intentó politizar el departamento en repetidas ocasiones. Trump describió al FBI como corrupto y sugirió que los agentes habían colocado material incriminatorio en Mar-a-Lago durante la búsqueda. También exigió que devolvieran documentos que, afirmó, estaban protegidos por el privilegio ejecutivo.
Esas acusaciones de motivación política llevaron al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a defender a los agentes de la oficina durante breves declaraciones a principios de la semana pasada. Las acusaciones no verificadas de Trump también surgieron cuando el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional emitió un boletín de inteligencia que advertía de un aumento en las amenazas contra las fuerzas del orden público federales después del registro en Mar-a-Lago, incluidos llamados generales a una “guerra civil” o una “rebelión armada”.
