Coinbase, la mayor casa de cambio de criptomonedas en Estados Unidos, abrió una sucursal en las Bermudas. Gemini, una empresa rival con sede en Nueva York, está buscando una licencia en los Emiratos Árabes Unidos. Y Bittrex, una bolsa de Seattle, cerró sus operaciones en Estados Unidos.
Después de intentar, durante años, moldear la regulación federal en Estados Unidos, cada vez más empresas estadounidenses de criptomonedas (en particular las casas de cambio donde los clientes compran y venden tókenes digitales) están estudiando planes para desarrollar sus negocios en el extranjero. Se están expandiendo a nuevos mercados y sopesando la posibilidad de abandonar el país por completo.
Estos movimientos son una respuesta a la creciente represión que ha convertido a Estados Unidos en uno de los reguladores de criptomonedas más estrictos del mundo. El martes, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) presentó una demanda, que se anticipaba desde hace mucho tiempo, contra Coinbase, con el argumento de que la casa de cambio comercializaba valores sin el registro adecuado. Un día antes, la SEC demandó a la bolsa internacional de criptomonedas Binance, con la intención de prohibir a su fundador el acceso al mercado de valores estadounidense.
Estas medidas reguladoras son un punto de inflexión para una industria que parecía estar ganando aceptación general hace apenas un año. Las criptomonedas se crearon con un espíritu antigubernamental como un sistema financiero descentralizado que operaría fuera del alcance de los reguladores. Pero cuando el mercado se disparó en 2021, las empresas de criptomonedas crearon un aparato de cabildeo en Washington y buscaron presentarse como un negocio que cumplía las normas y estaba dispuesto a trabajar con el gobierno.
Ese esfuerzo fracasó casi por completo. El año pasado, una serie de crisis en el sector de las criptomonedas levantó sospechas generalizadas. El Congreso, los reguladores y el público se han vuelto cada vez más hostiles.
Estos días, la posibilidad de abandonar Estados Unidos es “el primer tema que las empresas emergentes de criptomonedas debaten y consideran”, comentó Nic Carter, fundador de Castle Island Ventures, una empresa de capital riesgo de criptomonedas. ”Puedes mudarte a las Islas Caimán o Londres o las Bermudas, o tener una facción significativa de tus ejecutivos allí, o en Hong Kong o Dubái”.
En teoría, un largo éxodo desde Estados Unidos podría acabar dificultando que los estadounidenses comercien con monedas digitales y experimenten con nuevos criptoproductos. Pero no todas las empresas estadounidenses de criptomonedas están buscando reubicarse: las empresas que se especializan en la minería de bitcoines, un proceso que consume mucha energía, han acudido en masa a Estados Unidos en busca de energía barata. Incluso las empresas de criptomonedas que se están expandiendo a nivel internacional planean luchar por normas más favorables en Washington.
A pesar de ello, las tensiones entre la industria y los reguladores estadounidenses han ido creciendo desde principios de 2021, cuando Gary Gensler, un crítico acérrimo de las criptomonedas, fue nombrado presidente de la SEC. Durante dos años, la SEC ha argumentado que casi todas las criptodivisas deberían clasificarse como valores, como las acciones negociadas en Wall Street, lo que obligaría a las empresas de criptomonedas a registrarse en la agencia y someterse a estrictos requisitos de divulgación.
En noviembre, comenzó una nueva ronda de hostilidades tras la quiebra de FTX, la criptobolsa fundada por Sam Bankman-Fried. En los meses siguientes, la SEC demandó a una serie de empresas de préstamos de criptomonedas y tomó medidas enérgicas contra un producto de inversión comercializado por Kraken, una popular casa de cambio estadounidense.
Al mismo tiempo, varios de los principales reguladores financieros emitieron declaraciones en las que advertían a los bancos sobre los riesgos de las criptomonedas. Los defensores de la industria etiquetaron las acciones del gobierno como Operación Choke Point 2.0, en alusión a una campaña de aplicación de la ley de la era de Obama para evitar que los bancos trabajaran con ciertas empresas.
“En definitiva, todo cambió bastante después del colapso de FTX”, afirmó Perianne Boring, directora de la Cámara de Comercio Digital, un grupo a favor de las criptomonedas. “Teníamos muchos esfuerzos de buena fe en marcha en la SEC e incluso con otros responsables políticos que ahora son los grandes críticos”.
Coinbase, la mayor empresa estadounidense de criptomonedas, ha estado al centro del debate regulatorio.
Tras su fundación en 2012, Coinbase saltó a la fama al comercializarse como la bolsa de criptomonedas más confiable y que mejor cumplía las normas. Hace dos años, comenzó a cotizar en bolsa, un momento decisivo que parecía señalar el creciente papel del sector en el comercio estadounidense.
Desde entonces, Coinbase ha tenido varios enfrentamientos con los reguladores federales. En septiembre de 2021, después de que la SEC le impidió a la empresa ofrecer un producto de inversión que se había popularizado, el director ejecutivo de la compañía, Brian Armstrong, acusó a la agencia de “un comportamiento que dejaba mucho que desear”.
En Washington, Coinbase y otras empresas de criptomonedas importantes de Estados Unidos han luchado contra la intensificación del régimen regulatorio, presionando a los legisladores para crear reglas hechas a la medida de la industria de activos digitales. Pero a raíz de que esos esfuerzos han ido fracasando, algunas empresas de criptomonedas han empezado a mirar al extranjero.
En una conferencia celebrada en Londres en abril, Armstrong dijo que Estados Unidos necesitaba normas más claras para regular las criptomonedas. “Si Estados Unidos no tiene esto, estas firmas se van a construir en paraísos fiscales”, aseveró.
