La maternidad infantil, considerada entre los 10 y 14 años, y la maternidad en adolescentes, comprendida entre los 15 y 19 años, mostraron un repunte con la llegada de la pandemia. Esto supuso -según organizaciones que desde la región vigilan el comportamiento silencioso de este fenómeno- que los patrones de abuso sexual están arraigados incluso dentro de las familias donde una niña es “forzada a ser madre”.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) considera que “la maternidad es forzada cuando no fue buscada ni deseada. En el caso de las niñas menores de 14 años, sucede generalmente cuando se le impone ser madre”.
En muchos Estados, incluidos los centroamericanos, está proscrita la interrupción del embarazo temprano incluso por causales como violación sexual, y que esto tiene enormes repercusiones para las vidas de niñas y adolescentes que tienen que enfrentarse a la maternidad.
En Honduras, por ejemplo, es delito la venta, distribución o consumo de la píldora de día después. En El Salvador el aborto está penalizado en todas sus formas, y recientemente Guatemala archivó en marzo de este año una ley que endurecía aún más las penas contra mujeres por interrumpir la gestación.
“A diferencia del embarazo, que dura habitualmente nueve meses, la maternidad es un compromiso a perpetuidad; transforma para siempre la vida desde el punto de vista físico, psíquico y social; altera las posibilidades de educación, acceso a recursos económicos y afecta las relaciones sociales de la niña, no solo al interior de su familia sino con su entorno”, consignó CLADEM en su balance regional sobre maternidad infantil.
El Observatorio de los Derechos de la Niñez de UNICEF, contabilizó que unas cinco mil 133 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres en Guatemala en 2020, de ahí el promedio de 14 madres en edad infantil cada día.
Los recuentos de 2021 para el país centroamericano no marcaron una diferencia, al comparar datos del Observatorio de Salud Reproductiva que indicaba que hasta julio había contabilizado dos mil 289 embarazos de niñas entre 10 y 14 años, y 51 mil 548 para el grupo de edad de 15 a 19 años.
En El Salvador un análisis elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estimó que entre 2015 y 2020 este país centroamericano registró el embarazo y maternidad de unas 105 mil 930 niñas y adolescentes. También destaca de forma alarmante las cinco mil 104 niñas que se convirtieron en madres. Por esta razón se decidió impulsar un plan para “llegar a cero embarazos en niñas y adolescentes”. Este plan es conocido como Mapa El Salvador 2020.
Si bien el país había mostrado mejoras en los indicadores, estos volvieron a dispararse con la llegada de la pandemia. La representante para Centroamérica de UNFPA, Neus Bernabeu, dijo a medios de comunicación en octubre pasado que en buena parte del país “se tiene una situación persistente de embarazos” en niñas y adolescentes, por lo cual es urgente tomar medidas.
“Tenemos que priorizar el trabajo en el territorio con las instituciones de Gobierno y con todas las demás instituciones (…) mientras haya niñas y adolescentes que sigan sufriendo un embarazo van a tener limitadas sus oportunidades y van a ver vulnerados sus derechos”, ha dicho la funcionaria del sistema de Naciones Unidas.
Y en Honduras, ante las dificultades que agregó la pandemia de coronavirus al acceso a atención médica y salud reproductiva, el medio de comunicación Reportar sin miedo trazó la situación de la maternidad infantil en el país bajo el título: ¿Qué está pasando con las niñas madres en Honduras en tiempos de pandemia?
Ese medio siguió casos de embarazos en adolescentes y contrastó con personal sanitario las experiencias sobre la problemática. El médico hondureño Dylan Duarte relató sobre los partos infantiles que ha atendido. En algunos casos, partos consecutivos de niñas.
Este médico obstetra dijo recordar dos casos atendidos de niñas entre 13 y 16 años dando a luz producto de violación.
“Una no quiso agarrar a su bebé porque era producto de una violación. Había sido su abuelo quien la había violado”, relató.
La presidenta del Colegio de Médicos de Honduras, Suyapa Figueroa, considera que el acceso a salud sexual y reproductiva ha tenido un peor desenvolvimiento durante la pandemia.
“Las niñas y adolescentes embarazadas dan a luz en condiciones inadecuadas (partos caseros). Con la pandemia, este problema no disminuyó, sino que sigue en aumento”, opinó.
Organismos internacionales ven con preocupación la tendencia de maternidad infantil y adolescente en la región, y con diversas herramientas de análisis han sacado conclusiones de los costos sociales del fenómeno.
Un estudio desarrollado por las investigadoras Fanny Vargas y Boaz Anglade del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2021, estima que el embarazo en la adolescencia “está fuertemente asociado con la desigualdad y la exclusión social”.
Las investigadoras revisaron la problemática en la región bajo el título: Determinantes y efectos del embarazo en la adolescencia en Centroamérica, República Dominicana y Haití, y trazan algunas conclusiones de la maternidad en edad temprana.
“La pobreza y la vulnerabilidad social son los factores de riesgo más consistentes para el embarazo temprano, tanto en países desarrollados como en países más pobres (…) las adolescentes perciben que tienen poco que perder por un embarazo, pero también son las que tienen menor capacidad de costear las dificultades que conlleva este cambio”, exponen las investigadoras.
El estudio del BID revela que los niveles de fertilidad adolescente persisten en la región centroamericana y del Caribe a pesar que la maternidad total en promedio regional ha ido a la baja en las últimas décadas al comparar el número de hijos que tenía una mujer en 1990 y cuántas veces se es madre en 2020.
“La tasa de fertilidad total promedio estimada para ALC (América Latina y el Caribe) descendió desde tres nacimientos por mujer en 1990 hasta dos en 2020, equivalente a una contracción de 35 por ciento. En el mismo periodo la tasa de fertilidad en adolescentes descendió solo 28 por ciento, pasando de 87 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años en 1990 hasta 63 en 2020”, según el reporte de Vargas y Anglade.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el riesgo de muerte materna es el doble en menores de 15 años comparado con mujeres en edad adulta, por lo que ha instado a los estados a tratar la problemática asociada a patrones de violencia de género.
Para CLADEM cuando el embarazo y la maternidad son producto de una violación en una niña menor de 14 años y el Estado -a través de sus mecanismos punitivos impide la interrupción de un embarazo- a la joven madre se le comenten tres tipos de violaciones a sus derechos humanos.
“La primera, imponiéndole una relación sexual no deseada que violó su libertad sexual; la segunda, al obligarla a llevar a término un embarazo que no buscó y la tercera, al obligarla a ser madre contra su voluntad”.
Organizaciones pro vida -principalmente de corte religioso o del estamento conservador en Centroamérica y otros países de la región- que rechazan el aborto mantienen en pie sus postulados de que la interrupción de un embarazo, incluso desde el momento de la fecundación “es un atentado contra la vida”.
Los argumentos han llevado a debates sobre las condiciones de la maternidad y los derechos de las mujeres, donde han participado organizaciones de la comunidad internacional para buscar puntos intermedios en casos específicos como las violaciones, y en casos de niñas y adolescentes que deben afrontar el ser madres.
