Al menos 60 personas murieron durante la “confrontación de extrema violencia” que se extendió durante unas 15 horas desde la tarde del domingo en una zona rural de la Amazonía brasileña, según detallaron las autoridades.
Varias de las víctimas fueron decapitadas en la batalla que pudo ser controlada sólo en la mañana del martes.
Medios brasileños hablaron de la peor matanza en una cárcel del país desde la masacre de Carandiru, que en 1992 causó 111 muertos en una prisión de Sao Paulo.
Los detalles ofrecidos por el canal de noticias Globo News señalaban que los presos se habían preparado para la reyerta, por ejemplo con armas que algunos colaboradores les habían entregado de antemano a través de agujeros hechos en los muros de la cárcel.
Otro dato generaba aún más preocupación: la masacre se debió aparentemente a un enfrentamiento por el control del tráfico de drogas entre el grupo criminal conocido como la Familia del Norte (FDN), que opera en gran parte de la región amazónica, y el Primer Comando de la Capital (PCC), considerada como la organización más grande del crimen organizado en Brasil.
“Lo que ocurrió en el COMPAJ (Complejo Penitenciario Anisio Jobim) es un capítulo más de la guerra que el narcotráfico impone en este país y que demuestra que ese problema no tiene cómo ser enfrentado por los estados”, reclamó el secretario de Seguridad del estado de Amazonas, Sérgio Fontes.
Sobre todo el nombre del PCC puede dar pistas. La organización creada en Sao Paulo en la década de 1990 opera en gran parte del país y es conocida, además de por asesinatos y extorsiones, por el férreo control que ejerce dentro de muchas prisiones.
Los integrantes del PCC y otros grupos criminales cuentan con teléfonos celulares en sus celdas y comandan a menudo desde dentro las actividades de sus organizaciones.
Y la Policía brasileña está desde hace poco tiempo en alerta por una aparente escalada de violencia entre el PCC y el Comando Vermelho (CV, Comando Rojo en español), la segunda organización criminal del país, aparentemente debido a una disputa por el control de Río de Janeiro.
Ambas organizaciones rompieron relaciones hace un año, después de haber cooperado durante décadas.
El reparto había funcionado bien hasta entonces: mientras el PCC controlaba Sao Paulo y otras regiones del país, el CV ejercía su dominio sobre todo en las favelas de Río de Janeiro.
Y la hipótesis es que el PCC está ahora dispuesto a disputarle sus territorios a su viejo aliado para hacerse con el control de rutas y plazas importantes para el narcotráfico.
La revista Veja dio en octubre la señal de alarma señalando que la Policía carioca había interceptado llamadas telefónicas de miembros del PCC en las que éstos pedían su traslado de las cárceles de Río y otros lugares del país, aparentemente preocupados por su seguridad.
“Por lo menos no hubo un baño de sangre. Ellos simplemente pidieron salir”, citó Veja a un integrante de la cúpula de la Secretaría de Administración Penitenciaria de Río de Janeiro.
La masacre de Manaos podría ser un trágico indicio de que eso cambió.
Según un reporte de la estatal Agencia Brasil, la FDN es una aliada del CV. Y mientras las investigaciones siguen en marcha, las autoridades de Manaos avisaron ya sobre la magnitud de la guerra.
“No se trata de un problema sólo del sistema penitenciario ni de un caso aislado en el país, sino de algo mucho mayor, ya que la disputa dentro de los presidios es una extensión de la guerra que ocurre también fuera”, comentó Fontes.
