Algunas de esas armas llegaron a Guzmán y otros miembros del Cartel de Sinaloa, según declararon autoridades estadounidenses en el 2016. Se trataba de al menos dos mil 500 armas de fuego, a la mayoría de las cuales el ATF les perdió el rastro. Dos de ellas, fusiles AK-47, fueron halladas en la escena del crimen, en el 2010, contra Brian Terry, un guardia de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (USB, en inglés). Para 2015 dos mexicanos miembros de una estructura criminal habían sido condenados a 27 y 30 años de prisión.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos robaban armas de fuego a contrabandistas de marihuana. Hubo otros siete implicados. El séptimo fue capturado en el 2017.
El fiscal Richard P. Donoghue y Arthur G. Wyatt, jefe de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas, en la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no quieren que el jurado, en lugar de juzgar a Guzmán, juzgue cómo y por qué las autoridades estadounidenses facilitaron el trasiego de armas.
En 2010, las autoridades mexicanas anunciaron que cerca del 80% de las armas incautadas en ese territorio provenían de EE. UU. Ese año estalló el escándalo de la operación Rápido y Furioso, en parte, por el asesinato del agente de la USBP. El crimen ocurrió tres meses antes de las también explosivas declaraciones, en una corte en Chicago, Illinois, de Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, operador financiero del Cartel, y el hijo del segundo jefe de la estructura, Ismael el Mayo Zambada.
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Vicentillo declaró que había un pacto entre la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA, en inglés) y Guzmán y Zambada, para que estos le proporcionaran información de carteles rivales. La ATF declararía en 2011 también que el operativo fallido de las armas “permitió al Cartel de Sinaloa obtener armamento”.
Aunque la Fiscalía de Brooklyn no quiere que Guzmán, de 58 años, hable de la operación de la ATF, sí lo acusa de trasiego de armas de fuego, cargo que él rechaza porque los hechos ocurrieron en México, no en EE. UU. Para la Fiscalía, el argumento del Chapo carece de mérito, aunque pide a la Corte que le prohíba tocar el tema Rápido y Furioso en lo absoluto, ni los métodos que las autoridades estadounidenses utilizaron para ayudar en la captura de Guzmán en México.
La cacería en México
La fiscalía de Brooklyn busca excluir cualquier prueba que describa cómo las autoridades estadounidenses y mexicanas intentaron atrapar a Guzmán después de sus fugas de 2001 y 2015. Por ello pidió a la Corte que le prohíba a la defensa mencionar cómo lo buscaron y capturaron, según consta en documentos del caso. El capo rechaza esa omisión.
“El defendido se opone a que la Fiscalía quiera excluir los métodos que las autoridades de EE. UU. y México usaron para localizarlo en 2012, 2014 y 2016”, indica el expediente. Estos hechos incluyen una captura frustrada en Los Cabos, Baja California, en enero de 2012, y los operativos que precedieron a su detención en Mazatlán, Sinaloa, en febrero del 2014, y —después de su fuga en 2015— en Los Mochis, Sinaloa, en enero del 2016.
En una entrevista de prensa que cita el expediente, Eduardo Balarezo, abogado defensor de Guzmán, dijo que “algunas de las formas en que la DEA opera en el extranjero son ilegales, o no son éticas…. Ellos caminan sobre una línea delgada y a veces se extralimitan”. La defensa del Chapo sostiene que tiene derecho de cuestionar las limitaciones de los métodos que usan las autoridades. Donoghue y Wyatt argumentaron que esos métodos no prueban ni desmienten la acusación.
Sin embargo, la Fiscalía compartió con la defensa una lista de evidencias en la que destacan el uso de 16 grabaciones que el Gobierno de Colombia le entregó a EE. UU. como evidencia contra Guzmán —la lista no revela el contenido de las cintas—, y el uso de “métodos de geolocalización que no requerían una orden judicial para ubicar en México los teléfonos celulares de coconspiradores de Guzmán, cuando —las autoridades— lo buscaban en 2012 y 2014”, según el documento 249 del expediente.
El pez por la boca muere
Donoghue también quiere usar lo que Guzmán les dijo a los agentes federales estadounidenses que lo acompañaban en el vuelo de extradición que lo llevó de México a EE. UU., en enero de 2017. Aquel era un déjà vu del vuelo militar que lo trasladó desde Chiapas hasta el Distrito Federal, en 1993, después de su captura en Guatemala y traslado a México.
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Anabel Hernández relata en su libro Los Señores del Narco (Random House Mondadori, 2010) que entrevistó a varios pasajeros del avión, quienes revelaron que durante el vuelo Guzmán delató graves hechos de corrupción de autoridades mexicanas vinculadas con el narcotráfico. Hernández incluso citó a un testigo que, refiriéndose al detenido, dijo, “Había que madrearlo para callarlo; no sabíamos cómo cerrarle la boca, quería contar todo”.
Hernández documentó que esa declaración, registrada oficialmente durante el vuelo, desapareció de los registros judiciales y fue reemplazada por otra bastante más matizada.
Ahora, 25 años después, es Guzmán quien intentó suprimir cuanto conversó con los agentes federales durante el vuelo —declaraciones cuyo contenido no ha sido revelado—.
Según el documento 245 del expediente, la defensa argumentó en junio pasado que la Fiscalía no puede usar las declaraciones si se dieron durante un interrogatorio bajo custodia y si el defendido no rechazó voluntariamente acogerse al privilegio de la Quinta Enmienda, que lo protege de la autoincriminación.
“Las extensas afirmaciones que la Fiscalía atribuye al Sr. Guzmán parecen respuestas a preguntas de agentes gubernamentales, no afirmaciones espontáneas”, señala Balarezo en el documento. “Además habló cuando estaba esposado, custodiado, y bajo la impresión de que estaba obligado a responder”. La Corte rechazó la petición de la defensa y divulgará lo que Guzmán dijo en el vuelo.
Admisible: la violencia (solo de Guzmán)
Para la Fiscalía es crucial que el jurado escuche hechos de los secuestros, tortura y violencia empleada contra personas que amenazaron al Cartel de Sinaloa. Según Guzmán y su defensa, esa es una conspiración demasiado amplia para achacarla a una persona, pero la acusación cita como precedentes válidos varios casos contra la mafia italiana en EE. UU. Un ejemplo son los cargos contra un líder de la “familia criminal Bonnano”, por crímenes ocurridos entre enero de 1979 y noviembre de 2004.
Donoghue quiere utilizar información derivada de la guerra entre Guzmán y el cartel Arellano Félix —a principios de los años 1990—, el Cartel del Golfo —después de 2001—, “la Organización Carrillo Fuentes” —o Cartel de Juárez, que lideró Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, y su familia, en los años 1990; en especial el asesinato de su hermano menor Rodolfo Carrillo Fuentes, en 2004—, de los hermanos Beltrán Leyva y sus cómplices —incluidos los asesinatos de Julio Beltrán e Israel Rincón Martínez, alias el Guacho—, y los socios de Guzmán sospechosos de haber cooperado con las autoridades, como Juan Guzmán Rocha, alias Juancho.
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“La Fiscalía pretende probar en el juicio que quienes aparecen torturando a un rehén en un video de 2010 son coconspiradores del defendido y actúan bajo sus instrucciones”, explica Donoghue.
“Esperamos comprobar que el defendido es la persona que interroga al rehén”. El rehén es Rincón Martínez, quien supuestamente asesinó al hijo de un socio de Guzmán. Un miembro del Cartel de Sinaloa subió el video a YouTube hace ocho años y ahora la Fiscalía lo utilizará contra el capo.
Para la tercera semana de agosto, la Fiscalía también pretendía agregar cargos por unos 20 asesinatos que atribuye al acusado, maniobra que la defensa objeta.
Otro video clave
Una de las cartas fuertes de la Fiscalía es la entrevista que Guzmán grabó hace tres años para la revista Rolling Stone, durante la cual respondió preguntas escritas que le envió el actor estadounidense Sean Penn. En octubre de 2015, Penn se reunió con Guzmán a instancias de la actriz mexicana Kate del Castillo, quien les sirvió de intérprete y concertó la cita con los abogados de Guzmán.
Ahora Donoghue quiere usar los segmentos del video en los que el capo admite que es narcotraficante. Según el fiscal, “que el defendido admita en este video que estuvo involucrado en narcotráfico es evidencia crítica”. El video es propiedad de Producciones Kate del Castillo.
El fiscal le pidió a la Corte que prohíba reproducir segmentos del video en los que el capo “dice cosas convenientes para él”. Y es que Guzmán pronuncia frases como: “El día que yo no exista, no va a mermar (…) el tráfico de droga; el narcotráfico no depende de una persona, sino de muchísimas personas”.
A la pregunta, “¿Usted se considera un hombre violento?”, respondió de inmediato: “No, señor; yo lo que hago nomás es defenderme”. El capo dijo que en su natal Badiraguato no había ni hay más fuente de empleo que el cultivo de droga.
El 9 de enero de 2016, Rolling Stone publicó la reseña del encuentro entre el capo y los actores. El 12 de enero publicó el video —solo cuatro días después de la captura de Guzmán—.
El capo grabó el aparentemente inocuo video en su finca. No imaginó que las autoridades estadounidenses la iban a ubicar y a fotografiar vía satélite. Ahora esas fotografías figuran entre las evidencias que usará la Fiscalía. “Un agente federal explicará que las imágenes fueron obtenidas por medio de una compañía comercial de imágenes satelitales, y demostrará cómo las imágenes se comparan con características notables en el video de la entrevista”, indica Donoghue.
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En el documento 237 del expediente del caso 09-CR-00466, contra Guzmán, Donoghue y Wyatt también urgen a la Corte a evitar que la defensa utilice “evidencia de la previa buena conducta del defendido”, porque “no anula sus intenciones criminales”, así como libros y artículos de prensa acerca de Guzmán, “el engañoso artículo de Rolling Stone y relacionadas apariciones de Penn en la prensa”.
Agregan que estas publicaciones no refutan los argumentos de la Fiscalía. El mismo Guzmán anunció que tampoco llamará a Penn como testigo ni utilizará las declaraciones del actor. Dos años después es evidente que el video y la reunión con los actores llevaron a su captura definitiva.
El encarcelamiento
La Fiscalía también se opone a que la defensa mencione las “condiciones de confinamiento del defendido”, quien permanece en una celda de aislamiento 23 horas al día, en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan, Nueva York, a pocos metros del puente Brooklyn. Según el expediente, Guzmán alega que sus condiciones de encarcelamiento podrían afectar su conducta durante el juicio.
La Fiscalía afirma que la conducta del Chapo en la Corte no está en juicio ni tiene relación con los crímenes que se le imputan. No obstante, Balarezo solicitó que su cliente sea sometido a evaluaciones psicológicas. La primera se practicó en abril, para cuando originalmente estaba programado el juicio.
No se anuncian más evaluaciones todavía, aunque el juicio, reprogramado para septiembre, fue pospuesto para noviembre.
La razón del cambio es el volumen de evidencias que la Fiscalía presentó y que la defensa alega debe analizar: al menos 117 mil audios y tres mil 500 folios de entrevistas con testigos, además de otras 10 mil páginas. Para ello la defensa esperaba una prórroga de seis meses y recibió dos.
El caso Lorenzana
Balarezo lleva cuatro años de defender en una corte del Distrito de Columbia, en Washington, al guatemalteco Waldemar Lorenzana Lima, quien se declaró culpable por cargos de narcotráfico en 2014, pero cuya condena está en suspenso. Desde entonces, el abogado argumenta que Lorenzana —de 80 años— padece de alzheimer y es incapaz de comprender una sentencia.
Mientras la Fiscalía no ha conseguido un dictamen médico concluyente acerca del estado mental de Lorenzana Lima, la misma corte condenó a cadena perpetua en febrero y mayo de 2018 a sus hijos Elio y Waldemar Lorenzana Cordón. Ambos fueron extraditados después que su padre, defendidos por otros abogados fueron declarados culpables en el 2016.
Los Lorenzana traficaron droga en Guatemala para el Cartel de Sinaloa aproximadamente entre 2002 y 2009. Balarezo también carga con la condena a cadena perpetua, en 2017, de Alfredo Beltrán Leyva, un exsocio y ahora enemigo del Chapo, a quien defendió en otra corte de Columbia desde 2014.
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Su historia lo persigue
En el juicio la Fiscalía también quiere exponer las actividades de narcotráfico de Guzmán antes de que se iniciara la acusación —enero de 1989—. “Esta evidencia es crucial para explicar cómo el defendido ya traficaba cantidades masivas de cocaína a los EE. UU. en 1989 y cómo se restableció tan rápido después de escapar de prisión en 2001”, dice Donoghue.
La Fiscalía incluso planea usar un video de la balacera en el Aeropuerto de Guadalajara, ocurrido en mayo de 1993, en la cual murió acribillado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y donde se encontraba Guzmán, aunque años después —cuando aún guardaba prisión— fue absuelto de ese asesinato.
Además mencionará las acusaciones en contra de Guzmán por narcotráfico en Arizona y California en 1995, dos años después de su captura en Guatemala, y sus “actividades de narcotráfico” desde la cárcel.
“El encarcelamiento del defendido es relevante para la continuidad de sus negocios de narcotráfico”, señala Donoghue. “Incluso quiere explicar cómo la laxa seguridad en las cárceles mexicanas le permitió continuar activo en el narcotráfico mientras estaba encarcelado”, agrega.
El fiscal, claro, no se opone a ello. Además utilizará documentos que registran el movimiento de cargamentos de droga en México y los EE. UU.
No obstante, desde su extradición Guzmán se reitera “no culpable”. No le interesa hacer tratos con la Fiscalía, no colaborará con la justicia estadounidense ni delatará a nadie para salvarse, según su abogado.
Las decisiones del juez Brian M. Cogan, de Brooklyn, no parecen indicar por ahora que aceptará que Guzmán sea sometido a más evaluaciones psicológicas, sino que espera sentarlo frente al jurado de una buena vez en noviembre.
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