En noviembre del 2017, la fiscalía mexicana, entonces llamada Procuraduría General de la República (PGR), archivó de manera definitiva la investigación iniciada a Del Castillo tras su encuentro con el capo en el estado de Sinaloa, noroeste del país, en octubre de 2015, cuando aquel era prófugo de la justicia.
Tras darse a conocer la noticia, en un relato escrito por el actor Sean Penn para la revista Rolling Stone en 2016, la PGR investigó si la intérprete había recibido recursos de Guzmán para su marca de tequila, Honor del Castillo, o para el rodaje de una película sobre la vida del capo.
Aunque no prosperó la indagatoria, que la acusaba de los delitos de encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Del Castillo presentó una demanda de responsabilidad patrimonial en la que reclama 60 millones de dólares al Estado mexicano.
La intérprete quiere demostrar que con las indagatorias de las autoridades mexicanas fue víctima de una persecución política durante el pasado sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto que afectó su salud y reputación.
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Con el nuevo fallo del tribunal, la actriz pretende añadir las copias de la investigación que la Procuraduría abrió en su contra para fortalecer su posición en el litigio administrativo, pues argumentaba que la Fiscalía le impedía ejercer su derecho de debida defensa al negarle el expediente.
El juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal había desechado el 18 de junio las evidencias presentadas por la actriz, pero esta decisión quedó revocada con esta última instrucción, en la que el tribunal determinó que “son fundados los agravios” de Del Castillo.
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