Funes, quien enfrenta esta diligencia como procesado ausente y que no ha enviado representación legal ante el juzgado, forma parte de un grupo de 10 procesados implicados en una trama de sobornos al interior de la Fiscalía, desmantelada mediante la llamada “Operación Corruptela”.
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El exmandatario, asilado en Nicaragua junto a su familia, es acusado de pagar unos US$935 mil al ex fiscal general Martínez (2012-2015) para evitar la investigación por el armisticio de las pandillas, por la construcción irregular de una represa y otros casos.
Funes atribuyó al armisticio entre las pandillas una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada cien mil habitantes en 2015.
Este proceso contra Funes se suma a otro que afronta el exmandatario por la supuesta malversación de más de US$351 millones del presupuesto público durante su gobierno.
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