Lula, favorito en todos los sondeos para las elecciones de octubre, no será detenido sin embargo hasta que su defensa agote todos los recursos de apelación, un proceso que puede durar varios meses.
La confirmación de la condena emitida en el marco de la megacausa “Lava Jato” (“Lavado de autos”) podría inhabilitar a Lula como candidato presidencial en virtud de la ley de “Ficha Limpa” (“Expediente Limpio”), aunque no estaba inicialmente claro cuándo se aplicará esa ley.
Los abogados de Lula han anunciado que también apelarán contra la medida. La decisión definitiva la tomaría un tribunal electoral.
Decenas de miles de seguidores del ex presidente se congregaron en Porto Alegre, sede del tribunal de apelación, para protestar contra el juicio. Las calles aledañas a la corte contaban con un enorme despliegue de seguridad para evitar posibles disturbios.
En la ciudad también hubo protestas contra Lula. En Río de Janeiro también se registraron marchas de críticos del ex presidente.
Lula, al frente de una exitosa gestión entre 2003 y 2010, está acusado de corrupción en siete casos vinculados con “Lava Jato”.
En el proceso más avanzado, el juez estrella de “Lava Jato”, Sérgio Moro, lo condenó en julio de 2017 en primera instancia a nueve años y medio de cárcel por haber aceptado la reforma de un apartamento que tenía previsto comprar en la costa de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora OAS en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras.
El caso de Lula polariza a todo Brasil desde hace meses. Un 36 por ciento de los electores quieren verlo otra vez en el palacio presidencial, mientras que un 38 por ciento lo rechazan.
