La Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, aprobó a finales de julio una serie de reformas a la Ley Contra el Crimen, solicitadas por el presidente Nayib Bukele por medio del Ministerio de Justicia en el contexto de la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas.
El documento fue presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La abogada Roxana Cardona explicó a periodistas que “esta reforma es totalmente criminal porque conlleva agrupar a todos los inocentes con los pandilleros, no hay una individualización de los casos, viola el principio de la seguridad jurídica y la retroactividad, con lo que el Estado sigue incumpliendo el principio de la retroactividad”.
“Se dice que es una ley especial transitoria, pero todas estas leyes deben de tener una fecha de caducidad, y esta no tiene fecha de caducidad, por lo tanto no podemos llamarla transitoria”, apuntó.
Samuel Ramírez, representante de Movir, señaló que “esta reforma permite condenar masivamente a muchas personas que son inocentes, porque al final los que van a salir perjudicados son las personas que no han sido condenadas después de año y medio de estar detenidas”.
“Esto va dirigido a los inocentes, el régimen quiere quitarse esa carga de encima de las personas que están presas y que aún no han sido condenadas. Esa ley es perversa, es arbitraria porque lo que quieren es condenar a mucha gente inocente, no quieren soltarla (liberarla)”, manifestó.
Ramírez añadió que demandan “que se declare ilegal esa ley porque es otra arbitrariedad del régimen y las víctimas ya no están dispuestas a seguir soportando abusos y más violaciones a derechos humanos”.
Se desconoce si la reforma a dicha ley ya entró en vigencia y si el órgano Judicial ya realizó los primeros “juicios masivos” de personas detenidas, ya que dicha información no ha sido proporcionada.
Dicha reforma acaba con los procesos penales individuales y se faculta a la Fiscalía para “agrupar por estructura (pandilla) a imputados en procesos de instrucción en diferentes tribunales, cuando se considere que los detenidos pertenecen a una misma estructura criminal”, de acuerdo con el decreto aprobado.
Tras una escalada de homicidios, que se cobró la vida de más de 80 personas en marzo del 2022, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales y, a petición del Gobierno del presidente Bukele, se ha extendido en 19 ocasiones la medida por períodos de 30 días.
De acuerdo con cifras oficiales, son más de 72 mil detenciones realizadas bajo el régimen de excepción, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5 mil “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
