La jueza Kathryn Kimball Mizelle, nominada en el Gobierno de Donald Trump para la corte de distrito en Tampa (Florida), consideró que la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) “excede la autoridad legal” de esa agencia nacional de salud pública de Estados Unidos.
El Gobierno federal había renovado recientemente esta obligación de usar los cubrebocas en los medios de transporte público hasta al menos el 3 de mayo, en medio de un rebrote de la pandemia de covid-19 causado por la subvariante BA.2.
La decisión de la jueza “significa que la orden de llevar mascarilla en transporte público de los CDC ya no está en efecto”, dijo a Efe un alto cargo del Gobierno estadounidense, que pidió el anonimato.
Los CDC siguen recomendando “que la gente continúe llevando mascarillas en lugares cerrados relacionados con el transporte público”, pero ya no pueden obligar a ello, explicó la fuente.
Las agencias del Gobierno federal están revisando todavía el fallo de la jueza y planteándose posibles pasos, pero no está claro que los estadounidenses vuelvan a estar obligados en un futuro a llevar cubrebocas de nuevo en aviones, trenes, autobuses o suburbanos.
El Gobierno había extendido el pasado 13 de abril y por dos semanas más el uso obligatorio de mascarillas en todas las redes de transporte ordenado por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), que se aplicaba a los aviones, aeropuertos, autobuses y ferrocarriles.
En opinión de la magistrada de Florida, los CDC no justificaron su decisión de manera apropiada e incumplieron los procedimientos.
La demanda sobre la que se pronunció la jueza fue interpuesta por dos mujeres de Tampa, Ana Carolina Daza y Sarah Pope.
A ellas se sumó la organización sin fines de lucro Health Freedom Defense Fund, que aboga por la “autonomía corporal” y ve ilegal obligar a las personas a usar las mascarillas y hacerse las pruebas de la covid-19.
El Gobierno de EE. UU. había visto cómo aumentaba la presión para suspender esta medida después de que a finales de marzo los directivos de las diez principales aerolíneas del país con vuelos internacionales pidieran en una carta al presidente Joe Biden que derogase esa orden, al opinar que carecía de “sentido en el contexto sanitario actual”.
Y a finales de marzo, una veintena de estados con dirigentes republicanos habían presentado una demanda contra el Gobierno federal para que anulase la orden de usar mascarillas en el transporte público.
La norma federal permitía que se aplicasen multas a los pasajeros que se niegan a usar mascarillas en sus viajes, y esas penalidades van de 500 a 3.000 dólares para los reincidentes.
