El juez de distrito John Tigar en San Francisco emitió este fallo temporal contra el decreto, en respuesta a la demanda interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos civiles.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) afirma que la ley estipula que cualquiera que entre al país, independientemente de si lo hace legal o ilegalmente, puede presentar una solicitud de asilo.
El decreto de Trump indica que solo aquellos que ingresen a Estados Unidos por pasos fronterizos oficiales -y no quienes se escabullan a través de la frontera- pueden hacer el pedido de asilo.
La orden ejecutiva se produjo en momentos en que una caravana con miles de migrantes, en su mayoría hondureños, avanza a través de México hacia Estados Unidos.
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Unos tres mil 500 centroamericanos de la caravana ya arribaron a Tijuana, contigua a la estadounidense San Diego, y se espera que otros tres mil lleguen a partir de este martes.
“Irreconciliable conflicto”
El juez Tigar indicó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, “sea o no a través de un puerto de ingreso”, puede pedir asilo.
El decreto “que prohíbe dar asilo a los inmigrantes que ingresen al país eludiendo un puerto de ingreso está en irreconciliable conflicto con la INA y la expresa intención del Congreso”, versa el fallo de Tigar.
“Cualquiera sea la amplitud de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió en forma expresa”, agregó.
El bloqueo impuesto por el juez permanecerá vigente hasta que la corte decida sobre el caso.
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El gobierno de Trump ha argumentado que tiene el poder exclusivo de frenar la inmigración en aras de la seguridad nacional, un poder que invocó justo después de ser investido en 2017 con una polémica prohibición de ingresar a Estados unidos a ciudadanos de varios países.
La última versión de esta orden fue ratificada por la Corte Suprema el pasado 26 de junio, después de una larga batalla legal.
Cuando el departamento de Seguridad Interior anunció la nueva política el 8 de noviembre, un alto funcionario del gobierno dijo que respondía al “abuso histórico inigualable de nuestro sistema de inmigración” en la frontera con México.
Atender pedidos “creíbles”
Funcionarios del gobierno afirman que cualquiera que logre ingresar al país puede pedir asilo y que luego a menudo desaparecen mientras su caso ingresa al sistema judicial.
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“La gran mayoría de estas solicitudes terminan careciendo de mérito”, dijo un alto funcionario que pidió no ser identificado.
Menos de 10% de los casos resultan en un otorgamiento del asilo, afirma el gobierno.
Activistas por los derechos humanos y otros críticos de la política de Trump afirman que al restringir los pedidos de asilo a los puertos de entrada al país -que ya se encuentran bajo una fuerte presión- la administración está de hecho cerrando la puerta a personas que auténticamente estén huyendo de sus países para salvar sus vidas.
“El gobierno no puede abdicar de su responsabilidad hacia los migrantes que huyen del daño”, señaló la Coalición de Inmigración de Nueva York.
Pero el citado funcionario argumentó que “lo que estamos tratando de hacer es canalizar” los pedidos “creíbles” de asilo “a través de los puertos de ingreso, donde tenemos mejores recursos”.
De esa manera, agregó, los tribunales “atenderán esos pedidos en forma expeditiva y eficiente, de manera que aquellos que de hecho necesitan una protección de asilo obtengan esa protección”.
En 2018, las patrullas fronterizas registraron más de 400.000 migrantes ilegales, indicó el Departamento de Seguridad Interior. Y en los últimos cinco años, el número de pedidos de asilo aumento 2.000%, agregó.
“No causa grandes cambios”
La orden de una Corte Federal no causa grandes cambios en beneficio de los migrantes, afirman líderes en aquel país.
Guillermo Castillo, parte de una red de migrantes que apoya con procesos legales, señala que, aunque judicialmente se ordena aceptar las solicitudes, el Ejecutivo bloquea este proceso al impedir el ingreso de abogados a los centros de detención.
Castillo asegura que los procesos de deportación se están acelerando y eso, sumado a la falta de acceso a abogados que puedan asesorar para la petición de asilo, hará que no se pueda acceder al debido proceso de defensa.
Por su parte, Juan Carlos Pocasangre, líder migrante en Nueva York, señala que la opción de acceder al asilo siempre ha existido y que no todos los migrantes califican para este; además, señala, obtener este estatus puede tardar entre 10 y 25 años.
Pocasangre afirma que los migrantes que aplican para el asilo son quienes pueden demostrar que están en peligro por causas políticas, narcotráfico o corrupción y que cuentan con pruebas documentales sobre ello.
Por el contrario, señala el líder migrante, no optan a este quienes dicen ser perjudicados por pandillas o extorsiones.
Walter Batres, presidente de la Red de Migrantes Guatemaltecos en Los Ángeles, reitera que este revés para Trump no causa ningún cambio en la política migratoria.
“No se había perdido nada, el migrante que ya está en EE. UU. no puede optar -al asilo- porque esta solicitud se hace al ingreso y no beneficia a quien ya tiene una orden de deportación, la gente que está acá no se beneficia”, asegura.
Batres confirma que para acceder a esa solicitud es necesario tener documentado “el sufrimiento que se vive” y pruebas sobre que se denunció y que el Estado no le puede proteger, señala.
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