El último fallo de Hanen confirma el status quo, es decir, que el gobierno de Obama tiene prohibido temporalmente permitir que hasta cinco millones de personas que viven de forma irregular se queden en el país.

El Departamento de Justicia apeló a un tribunal superior, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleáns, para retirar la medida dictada por Hanen. Está previsto que la vista para escuchar los argumentos de ambas partes al respecto se celebre el 17 de abrilpróximo.

En su fallo del martes negando la petición de Washington, Hanen dijo que el gobierno no había “mostrado ninguna razón creíble por la que esta Directiva necesite una aplicación inmediata.”

-Presentan demanda-

La coalición de 26 estados presentó una demanda para revertir las medidas migratorias de Obama, que buscar frenar la deportación de unos cinco millones de personas que viven ilegalmente en el país.

Los gobiernos regionales, encabezados por el Texas, sostienen que la acción ejecutiva del presidente es inconstitucional y les obliga a investir más en seguridad, sanidad y educación.

La orden preliminar pretende frenar las acciones de Washington mientras la demanda es estudiada en los tribunales.

Abogados del Departamento de Justicia sostienen que mantener esa suspensión temporal daña “el interés del público y de terceras partes que se verán privadas de significativos beneficios de seguridad y humanitarios con la pronta implementación” del plan migratorio del presidente.

Obama anunció sus órdenes ejecutivas en noviembre del 2014, diciendo que la falta de acción del Congreso le obligó a hacer importantes cambios en las leyes migratorios por su cuenta.

Antes de pronunciarse sobre la suspensión, Hanen dijo que primero quería escuchar de los fiscales federales las acusaciones de que el gobierno estadounidense lo engañó sobre la aplicación de parte del plan migratorio.

-Primera medida-

Estaba previsto que la primera de las órdenes de Obama — para ampliar el programa que protege a los inmigrantes jóvenes de la deportación si entraron al país ilegalmente cuando eran niños— entrase en vigor el 18 de febrero.

La otra parte importante del plan ampliaría la protección de padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que lleven varios años en el país ante una expulsión. La aplicación de esta comenzaría el próximo 19 de mayo.

Hanen emitió su primer fallo creyendo que ninguna de estas normas había entrado en vigor. Aproximadamente un mes más tarde, el Departamento de Justicia confirmó que más de 108 mil personas habían recibido aplazamientos de tres años en sus deportaciones y permisos de trabajo, pero los abogados del departamento insistieron en que estas medidas estaban amparadas por las directrices del 2012 que no fueron bloqueadas por la suspensión.

Justicia se disculpó por la confusión, pero Hanen no pareció convencido durante una vista celebrada el mes pasado y amenazó con sancionar a los letrados.

En su veredicto del martes escribió que aunque el gobierno federal había “engañado” sobre el tema, no aplicaría sanciones inmediatas contra el ejecutivo, apuntando que esa medida no sería “en interés de la justicia o en el mejor interés de este país” porque se trata de un tema tiene repercusión nacional y el resultado podría afectar a millones de personas.

“Los argumentos de las partes deberían decidirse por méritos relativos a la ley, no verse empañados por acusaciones externas que podrían o no descansar en el fin último de esta demanda“, escribió Hanen.

-Apoyan derechos de inmigrantes-

Ante la ausencia de una reforma migratoria federal, los demócratas de California propusieron el martes recién pasado un paquete de 10 proyectos de ley para extender la atención de salud, derechos y protección laboral a los inmigrantes que viven de manera ilegal en el estado.

El presidente de la Asamblea, Toni Arkins, demócrata por San Diego, y el presidente del Senado, Kevin de León, demócrata por Los Ángeles, encabezan la iniciativa del partido mayoritario para ampliar el seguro médico a todos los californianos, independientemente de su situación migratoria, aunque no propusieron la fuente de financiamiento para ese fin.

“Hoy le recordamos al resto de la nación que California es diferente” , dijo De León en conferencia de prensa en Sacramento a la que asistieron defensores de los inmigrantes y familias que tienen parientes que viven de manera ilegal en ese país.

El paquete de medidas incluye asistencia para los 2.5 millones de inmigrantes que se calcula viven sin permiso en California a fin de que soliciten su naturalización si han sido víctimas de algún delito, y para los menores de edad inmigrantes que han llegado recientemente en grandes números tras cruzar la frontera a fin de que permanezcan en ese país.

Otro proyecto prohíbe a los negocios discriminar a las personas por su situación migratoria, ciudadanía o idioma.

Otras iniciativas buscan establecer una agencia estatal que ayude a los inmigrantes recién llegados; proteger a los inmigrantes de empleadores sin escrúpulos, y extender su protección legal para evitar su detención y deportación, según un resumen de los diversos proyectos de ley.

Los demócratas, que controlan el gobierno estatal y ambas cámaras de la legislatura, han dicho que quieren hallar los medios para que los inmigrantes no vivan a escondidas en el estado.

Las 10 iniciativas ya fueron presentadas previamente, pero el martes recién pasado las volvieron a promover legisladores que apoyan los derechos de los inmigrantes. El líder de la minoría republicana en el Senado, Bob Huff, republicano por Diamond Bar, cuestionó los costos.

“Comprendemos las cargas que enfrentan los inmigrantes que desean ir a trabajar y criar sus familias en vecindarios seguros, y la justificación de dichos proyectos es admirable” , afirmó Huff.

“Pero sin dinero del Congreso y del presidente Obama, será muy difícil y costoso para los contribuyentes de California financiar todas estas propuestas” .

California empezó este año a emitir licencias de conducir a los inmigrantes que están en el país sin autorización, y el Departamento de Vehículos Automotores ya ha recibido medio millón de solicitudes. California es también uno de varios estados en adoptar la Dream Act, que permite suministrar ayuda financiera universitaria a los mejores estudiantes que buscan la ciudadanía.

Casa Blanca reacciona 

Un juez federal ha impedido equivocadamente que “políticas de sentido común” entren en vigencia al bloquear la orden ejecutiva del presidente Barack Obama que busca proteger a millones de inmigrantes de ser deportados, y el gobierno federal planea continuar con su lucha en un tribunal de mayor instancia, afirmó el miércoles la Casa Blanca.    

Josh Earnest, portavoz de la residencia presidencial, dijo que esas políticas van en el mejor interés de la economía y están respaldadas por empresas, líderes religiosos y funcionarios policiales de todo el país, “incluso en algunas comunidades que están ubicadas en estados bastante rojos”, refiriéndose al color del Partido Republicano.