Biden suspendió nada más llegar al poder en enero las inscripciones en ese programa, impulsado en 2019 por el Gobierno de su predecesor, Donald Trump (2017-2021), y por el que Estados Unidos envió a más de 60.000 indocumentados que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México sus citas ante jueces migratorios.
En febrero, el Gobierno de Biden empezó a permitir la entrada en Estados Unidos de migrantes con casos activos bajo el MPP y en junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) puso fin definitivamente al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.
El juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump para su cargo en una corte de Texas, dio la razón el viernes a los fiscales generales de Texas y Misuri, que habían demandado al Gobierno de Biden en abril por su decisión de acabar con el programa.
Kacsmaryk opinó que la orden por la que el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, puso fin oficialmente al programa en junio violó la ley federal administrativa y no tuvo en cuenta los “beneficios” del programa, entre los que citó su presunto efecto disuasorio entre potenciales migrantes.
El magistrado consideró que el fin de esa política daña los intereses de Texas y Misuri, porque los migrantes que se liberen en Estados Unidos a la espera de sus citas ante tribunales migratorios pueden recurrir a servicios sanitarios o educativos en el país.
Kacsmaryk ordenó al Gobierno de Biden restaurar el programa al menos hasta que encuentre una forma de “rescindirlo de forma legal”, y hasta que el Ejecutivo tenga la capacidad necesaria para detener a todos los solicitantes de asilo que, en ausencia de esa política, pueden entrar en EE.UU.
Si el Gobierno de Biden apela la decisión y el litigio se alarga, es posible que la batalla acabe en el Supremo, que en marzo de 2020 ya dio la razón a Trump y le permitió seguir implementando el MPP, aunque no entró a valorar el fondo ni la constitucionalidad de la política.
En ese caso, la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, sigla en inglés) presentó una demanda contra la política por considerar que violaba las obligaciones estadounidenses en materia de migración y asilo, al enviar a los migrantes al norte de México, donde podían ser víctimas de redes de trata o secuestrados para exigir un rescate.
La decisión del juez llega cuando siguen subiendo las llegadas de indocumentados a la frontera sur de EE.UU.: en julio, las autoridades estadounidenses detuvieron en la frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.
