Los inmigrantes habían demandado al gobierno la semana pasada después de que rectificó un aviso sobre la solicitud de las llamadas “green cards” .
El aviso inicial, emitido por el Departamento de Estado el 9 de septiembre, detalló las categorías de los inmigrantes que podrían presentar la solicitud de la tarjeta de residencia a partir del 1 de octubre, un paso que otorga ciertas prestaciones, incluyendo la capacidad de cambiar de empleos y viajar al exterior más fácilmente mientras esperan por el estatus permanente. Pero las autoridades modificaron el aviso inicial el 25 de septiembre, reduciendo drásticamente quiénes podían presentar las solicitudes —y con ello frustrando a miles de personas que ya habían gastado dinero en honorarios legales y exámenes médicos para tener listas sus solicitudes.
Aunque Martínez declinó emitir una orden temporal bloqueando el aviso rectificado del gobierno, el caso prosigue, con ambas partes presentando sus argumentos plenos.
En documentos ante la corte, los funcionarios dijeron que tuvieron que corregir el aviso inicial porque indicaba que había más visas disponibles que las permitidas bajo la ley federal. Además, el aviso en sí no crea derechos para presentar la solicitud de la tarjeta de residencia, subrayaron.
El juez encontró ese argumento persuasivo.
“Parece que el Boletín de Visa Revisado no alteró substancialmente ni disminuyó los derechos de los demandantes y litigantes potenciales, sino que clarificó una declaración errónea previa de esos derechos”, escribió Martínez. Hizo notar que los inmigrantes “no pueden indicar ninguna ley que establezca que un boletín de visa crea un derecho constitucional a proceso debido” .
La demanda, que busca estatus de demanda colectiva, fue presentada por más de una decena de inmigrantes. Entre ellos están Quan Yuan, un ciudadano chino y profesor de Matemáticas en la Universidad de Wisconsin-Stout, y su compatriota Qi Wang, que vive en Superior, Colorado, y trabaja como ingeniero en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, el principal del gobierno en ese sector.
Sus abogados R. Andrew Free, Gregory Siskind y Robert Pauw argumentan que el caso se trata de “lo que sucede cuando miles de inmigrantes altamente calificados, respetuosos de la ley, se gastan millones de dólares preparándose para solicitar las tarjetas de residencia con una dependencia razonable en una declaración de política de una agencia, y se enteran a último minuto de que una burocracia federal inútil ha incumplido, abrupta, inexplicable y arbitrariamente, su promesa”
