Bajo esa política, desde el año pasado, el Gobierno estadounidense ha enviado a México y a Centroamérica a decenas de miles de personas que habían llegado a la frontera solicitando asilo.
“El intento por escapar de las amenazas y traumas habitualmente lleva a los migrantes a travesías peligrosas cruzando varias fronteras antes de que encuentren oportunidades de protección”, dijo en una declaración Sharon Stanley Rea, directora del Ministerio para Refugiados y Migrantes de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo.
“La decisión del juez Kelly confirma que ningún Gobierno puede impedir que los más vulnerables busquen protección aquí”, aseguró la activista, y añadió que “lo más importante es que su fallo confirma que el Gobierno tampoco puede impedir que las comunidades de fe y conciencia presenten sus opiniones sobre tales reglas”.
El juez de Washington DC Timothy Kelly, designado para la magistratura federal por Trump en 2017, dictaminó que la ley permite que toda persona que entre a Estados Unidos y pida asilo tenga una audiencia para alegar los motivos por los cuales huye de su país natal.
Kelly, en un fallo de 52 páginas divulgado la noche del martes, añadió que el Gobierno, al imponer la regla de “tercer país”, no cumplió con la ley de procedimientos que requiere que se dé a la ciudadanía tiempo y oportunidades suficientes para presentar sus opiniones sobre las modificaciones a las reglas federales.
Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, escribió Kelly, “se sustentaron en un sólo artículo de prensa que ni siquiera enfoca directamente el criterio clave en cuestión: la probabilidad de un incremento grande y rápido en el número de personas buscando asilo”.
El fallo puede tener poco impacto sobre la situación en la frontera, ya que desde hace meses está de hecho cerrada a la inmigración y el asilo debido a las medidas preventivas para contener la propagación de la pandemia de covid-19.
De todos modos, el dictamen es otro revés para las políticas de Trump sobre inmigrantes, pocos días después de que el Tribunal Supremo decidiera que el Gobierno no explicó las razones que tuvo el presidente, en 2017, para dar por terminado un programa que protege de la deportación a unas 700 mil personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.
El máximo tribunal del país consideró que la decisión de poner fin a DACA, como es conocido el programa, fue “arbitraria y caprichosa”.
