Un juez McBurney dijo que ya demasiado tarde para ser puesta en marcha en noviembre. No obstante, no desestimó por completo esta norma, que obliga a los funcionarios electorales a contar manualmente el número de boletas y confirmar así que el número coincide con la tabulación mecánica, y solo la ha bloqueado mientras evalúa su legalidad y méritos.
La regla ha merecido no solo el rechazo del Partido Demócrata de Georgia, sino de organizaciones y funcionarios públicos que mostraron su preocupación por la viabilidad de esta propuesta, que además, alegaban, podía abrir la puerta a fraudes.
La decisión se da poco después de que este mismo magistrado determinara que la certificación electoral en Georgia es obligatoria y que los funcionarios locales tienen el deber de cumplir con este mandato al término del proceso de votación y en la fecha estipulada por ley.
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McBurney se opuso al pedido hecho por Julie Adams, una integrante republicana de la junta electoral del condado Fulton, quien había solicitado al magistrado que se le concediera discrecionalidad en el proceso de certificación.
Adams, respaldada por America First Policy Institute, grupo afín a Trump, se había negado meses atrás a certificar los resultados del proceso de primarias locales e interpuso una demanda judicial en la que señaló que tenía derecho a inhibirse de certificar una elección.
En su escrito, McBurney dictaminó que ningún superintendente electoral (o miembro de una junta electoral y de registro) puede negarse a certificar o abstenerse de certificar los resultados electorales bajo ninguna circunstancia.
El 15 de octubre comenzó con cifras récord la votación anticipada en Georgia, uno de los siete estados clave que decidirán si Trump o la candidata demócrata y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegarán a la Casa Blanca.
De acuerdo a cifras oficiales, más de 250 mil personas acudieron a los centros de votación hacia mitad de la tarde, un número que sobrepasa el anterior récord de 136 mil registrado en las elecciones de 2020.
