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El Gobierno de Donald Trump había ordenado a los beneficiarios del TPS, unos 263 mil salvadoreños, 86 mil hondureños, 58 mil haitianos, cinco mil 300 nicaragüenses y un millar de sudaneses, que preparasen “su salida” de EE. UU. o buscasen una alternativa migratoria legal.
A los países receptores, les sugirió que preparasen el “regreso y reintegración de sus ciudadanos”.
La terminación del TPS para Nicaragua estaba prevista para enero del 2019, para Haití en julio del 2019, para El Salvador en septiembre y para Honduras en enero de 2020. En el caso de los sudaneses, su TPS terminaba de aquí a un mes, en noviembre.
La decisión del juez implica que los inmigrantes pueden seguir bajo el estatus TPS más allá de las fechas fijadas por Trump.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que EE. UU. concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
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En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por periodos de 18 meses, pero el gobierno de Donald Trump decidió revaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.
En el caso de El Salvador, EE. UU. concedió el TPS en 2001 a raíz de una serie de sismos, mientras que a Honduras y Nicaragua en 1998 tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica.
Haití se beneficiaba del TPS desde 2010 por el catastrófico terremoto que dejó unos 300 mil muertos y sumió al país en el caos, mientras que al Sudán se le otorgó en 2014 a raíz del conflicto de Sudán del Sur.
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