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Orlando Hernández hizo de Honduras un paraíso para el narcotráfico, según fiscalía en EE. UU.
Las aeronaves que despegaban desde pistas clandestinas y los barcos de traficantes que aparentaban ser embarcaciones pesqueras encontraron allí un refugio seguro, afirman funcionarios.
Juan Orlando Hernández (centro) es conducido por agentes, en abril del 2022. (Foto Prensa Libre: AFP)
El juicio al expresidente hondureño comenzó el miércoles en Manhattan. El exmandatario está acusado de años de mal gobierno financiado por ingresos del tráfico la cocaína.
Paquetes tras paquetes de cocaína fluyeron durante años rumbo a Estados Unidos desde países como Venezuela y Colombia, todos canalizados a través de Honduras, un país pequeño de Centroamérica.
Las aeronaves que despegaban desde pistas clandestinas y los barcos de traficantes que aparentaban ser embarcaciones pesqueras encontraron allí un refugio seguro, afirmaron funcionarios estadounidenses. Y las despiadadas bandas que las operaban, según los funcionarios, tenían un socio y protector en Juan Orlando Hernández, quien fue presidente del país durante dos mandatos.
Los alegatos iniciales en el juicio de Hernández por conspiración para importar estupefacientes comenzaron el miércoles en el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan. Se le acusa de participar en una trama que duró más de 20 años y que introdujo más de 500 kilogramos de cocaína en Estados Unidos.
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Hernández, quien fue presidente ocho años hasta su salida del cargo, en 2022, utilizó las ganancias para financiar sus campañas, según las autoridades estadounidenses, y luego ordenó a la policía y al ejército hondureños que protegieran a los traficantes que le pagaban. Un cómplice acusado fue asesinado en una prisión hondureña para proteger a Hernández, según una acusación.
En las declaraciones de apertura del miércoles, todos los asientos estaban llenos y había sillas plegables alineadas en las paredes.
“Este es un caso sobre poder, sobre corrupción, sobre grandes cantidades de cocaína y sobre un hombre que estaba en el centro de todo ello”, dijo el fiscal David Robles mientras señalaba a Hernández. El acusado, que llevaba un traje gris oscuro y gafas de montura dorada, estaba sentado en postura desafiante.
Cuando Hernández fue extraditado a Nueva York en 2022, según funcionarios estadounidenses, autorizó el uso de la violencia y se deleitó en su capacidad para inundar Estados Unidos de cocaína. Se afirmó que su hermano (Tony Hernández) le había dicho a un traficante que Hernández iba a “meter la droga en las narices de los gringos”.
El hermano del expresidente, Tony Hernández, exdiputado en el Congreso hondureño, fue declarado culpable en 2019 de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua.
El expresidente, que también ha sido acusado de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, ha negado haber cometido delito alguno.
El miércoles, el abogado de Hernández, Renato Stabile, argumento ante los miembros del jurado que su cliente era víctima de complots de venganza por parte de “gente depravada” que traficaba con drogas, asesinaba en masa y quería clemencia por parte de EE. UU. Añadió: “Son auténticos psicópatas”.
“El señor Hernández no se sienta con los narcotraficantes; se enfrenta a los narcotraficantes”, dijo Stabile.
No es inaudito que un ex jefe de Estado enfrente cargos en Nueva York: Hernández ni siquiera es el primer mandatario hondureño que lo hace. Rafael Callejas, quien fue presidente del país de 1990 a 1994, se declaró culpable en 2016 en Brooklyn de aceptar sobornos mientras encabezaba la federación hondureña de fútbol.
Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, se declaró culpable en 2014 en Manhattan de aceptar sobornos a cambio del reconocimiento diplomático de Taiwán.
El paralelismo más cercano a Hernández es el general Manuel Antonio Noriega, exdirigente de Panamá. Fue declarado culpable en 1992 en un tribunal federal de Miami de permitir que el cartel de la droga de Medellín enviara enormes cantidades de cocaína a través de su país a Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos.
El juicio puede aportar alguna resolución a Honduras, un país asolado por la pobreza, de unos 10 millones de habitantes, que lleva décadas luchando contra la corrupción y la violencia, y donde Hernández se ha hecho profundamente impopular.
Su gobierno no consiguió detener la delincuencia ni construir una economía sana y cientos de miles de hondureños desesperados se marcharon, muchos de ellos con el objetivo de entrar en Estados Unidos. La sucesora de Hernández, Xiomara Castro, lo acusó de convertir el país en una “narcodictadura”.
En sus dos campañas presidenciales, según los fiscales, Hernández utilizó dinero del narcotráfico para sobornar a funcionarios electorales y manipular la votación. La desconfianza generalizada en los resultados de las segundas elecciones, en 2017, desembocó en protestas que bloquearon carreteras y puentes. Los fiscales afirmaron que Hernández le dio dinero a un compañero de su partido político, quien le pagó a pandilleros para que cometieran actos de violencia, y que durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que se produjeron después murieron manifestantes.
En 2022, los fuegos artificiales estallaron en la capital, Tegucigalpa, luego de que la Corte Suprema de Honduras aprobó la extradición de Hernández, lo que generó celebraciones que incluían cánticos como: “Juancho va para Nueva York”, utilizando el apodo del expresidente.
Las acusaciones describen una conspiración en expansión y una corrupción impresionante, detallando cómo funcionarios con cargos electos solicitaron y aceptaron sobornos, formaron alianzas con traficantes y crearon empresas fantasma para lavar dinero.
Los fiscales han dicho que tienen previsto llevar al estrado a testigos colaboradores y a algunos cómplices. Uno de ellos fue descrito como un hombre que proporcionaba seguridad a un grupo de traficantes hondureños conocido como “Los Cachiros”.
Otro es Alex Ardon, extraficante que fue alcalde del municipio de El Paraíso y que, según los fiscales, testificaría que los hermanos Hernández confiaban misiones especiales a un alto cargo de la Policía Nacional de Honduras, incluido el asesinato.
Una de las pruebas más llamativas pueden ser los libros de contabilidad recuperados por la policía militar hondureña, junto con armas de fuego, granadas y dinero en efectivo, de un automóvil en el que viajaba como pasajero un traficante. Esos libros de contabilidad, según los fiscales, incluían las iniciales de Juan Orlando Hernández, junto con detalles de transacciones de cocaína a gran escala.
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