“La represión y los abusos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan exigen que Estados Unidos actúe”, afirma Biden en una proclama.
En el poder desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo en unos comicios en los que no tuvo rivales de peso, debido a que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y tres de sus partidos ilegalizados.
“He tomado la decisión de que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso” al país de “miembros del gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, incluida su esposa y vicepresidente Rosario Murillo y todos aquellos vinculados a actos que atentan contra las instituciones democráticas del país”, agregó Biden.
La larga lista de personas no gratas incluye a legisladores, alcaldes y miembros de su gabinete a los que acusa de haber “violado los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos”, así como serie de altos funcionarios de la policía, seguridad, organismos gubernamentales, servicios penitenciarios, del poder judicial y del Ministerio del Interior.
Además, figuran otras personas que contribuyeron a los hechos denunciados por Washington.
Las esposas e hijos de los sancionados también tienen prohibido el ingreso a territorio estadounidense.
El lunes, Estados Unidos ya había impuesto sanciones a varios altos cargos nicaragüenses en respuesta a la “farsa electoral” y como “mensaje inequívoco” para Ortega y Murillo.
El departamento del Tesoro anunció sanciones contra el Ministerio Público y nueve altos cargos del gobierno, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, y varios alcaldes, a los que acusa de estar implicados en la represión de manifestaciones pacíficas en 2018.
Biden ya había ordenado sanciones financieras contra funcionarios y prohibido el ingreso al país de más de un centenar de legislativos, fiscales y jueces nicaragüenses y sus familiares.
En 2019 el gobierno del expresidente Donald Trump ya había impuesto sanciones a altos funcionarios nicaragüenses, incluyendo a Murillo, tres de los hijos de Ortega y la policía por actos de corrupción y violación de derechos humanos.
