Internacional

Panamá rechaza tajantemente ser calificado como paraíso fiscal

La cúpula empresarial panameña se pronuncia este jueves sobre la inclusión de Panamá en la “lista negra” de la Unión Europea de paraísos fiscales, 24 horas después de que el presidente del país, Juan Carlos Varela, advirtiera a esos países que les aplicará la Ley de Retorsión si insisten en la medida.

El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá se manifestará en una conferencia de prensa también sobre los ataques por parte de diversos entes internacionales y sus funcionarios.

Hace casi un mes la Comisión Europea incluyó a Panamá junto a otras 25 jurisdicciones del mundo en una nueva lista de paraísos fiscales, muchas de ellas islas y territorios bajo dominio británico.

Del territorio continental americano solo se incluyó a Panamá y Belice.

España y Holanda, a través de sus embajadas en Panamá, ya han manifestado que ellos no consideran al país centroamericano un “paraíso fiscal”, dado que mantienen sendos tratados de intercambio de información fiscal y prevención de la doble tributación.

Varela lo rechaza

El presidente Varela advirtió ayer, al rendir su informe por su primer año de gobierno, que a partir del 1 de julio del 2017 Panamá aplicará la Ley de Retorsión a todo país que lo mantenga en cualquier lista discriminatoria, pese a las reformas profundas que ha hecho en pos de la transparencia y combate al blanqueo de capitales, evasión fiscal y financiación del terrorismo.

La Ley de Retorsión no permite que empresas y agencias de los estados incluidos en esa lista participen en licitaciones públicas panameñas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mantiene desde el 2014 a Panamá en la “lista gris” de países que no colaboran en el combate a la evasión y blanqueo, basado en un informe de 2012 del Fondo Monetario Internacional.

La Ley de Retorsión no permite que empresas y agencias de los estados incluidos en esa lista participen en licitaciones públicas panameñas.

Para salir de esa lista el gobierno de Varela ha aprobado reformas legales para cumplir con las recomendaciones del FMI, como la eliminación de las acciones al portador y la ley que previene el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Además, ha ampliado los sectores financieros y no financieros, además de profesiones, que están sujetos a la supervisión para prevenir esas lacras.

Estar en la lista gris le ha costado a Panamá perder las relaciones con bancos privados corresponsales en Estados Unidos y otros países, lo que dificulta las transacciones internacionales a los panameños.

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