El sobre fue abierto en presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en representación de los padres de los estudiantes desaparecidos, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de la propia PGR.
De acuerdo con el boletín, el documento contiene resultados referentes a 53 muestras de ropa y cabellos adheridos a la ropa enviadas al Instituto en septiembre de 2015, así como 11 muestras óseas y cabellos remitidas para su análisis en diciembre del mismo año.
Las muestras fueron sometidas por el Instituto a un análisis de ADN para obtener los perfiles genéticos.
Referente a las muestras óseas, no fue posible obtener hasta el momento identificación de perfiles genéticos por las técnicas tradicionales de ADN STR Nuclear, ni ADN Mitocondrial. El Instituto “está aplicando a estas muestras la técnica de Secuenciación Masiva Paralela, cuyos resultados serán recibidos posteriormente”, indicó la PGR.
En relación con las muestras de cabello, el Instituto identificó que algunas eran de origen humano y otras de origen animal. En relación con las de origen humano, se les aplicó la técnica de ADN Mitocondrial, “obteniéndose una misma secuencia, la cual no correspondió con ninguna de las secuencias de las familias” de los estudiantes.
En la apertura del sobre, que se llevó a cabo en oficinas centrales de la PGR, estuvieron presentes el subprocurador Betanzos; Carlos Beristáin y Claudia Paz y Paz, del GIEI; Mario Patrón y Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representantes de los padres de los estudiantes, así como Mercedes Doretti y Miguel Nieva, del EAAF.
A través de restos recuperados por la PGR, el Instituto de Medicina Legal de Innsbruck ya había identificado en diciembre de 2014 a Alexander Mora, uno de los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado sureño de Guerrero.
Meses más tarde, el mismo laboratorio halló indicios en estos mismos restos del estudiante Jhosivani Guerrero, si bien otros expertos afirmaron que la coincidencia genética no permitía determinar si se trataba de ese joven.
Sin embargo, los cinco miembros del GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asistir en las pesquisas del caso, determinaron en septiembre de 2015 que no había evidencias que apoyaran la versión oficial de que los restos de los estudiantes fueran incinerados en un vertedero de basura en el municipio de Cocula, Guerrero.
En esa conclusión coincidió en febrero pasado el EAAF, que también contribuye en las investigaciones a petición de los padres de las víctimas.
En vista de la discrepancia entre la versión oficial y la de los expertos, la PGR y el GIEI acordaron a fines del año pasado la realización de un nuevo peritaje en el lugar por parte de especialistas internacionales y mexicanos en fuego.
El portavoz del grupo que realizó el nuevo estudio, Ricardo Torres, reveló el pasado 1 de abril que hay “evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones” en el basurero.
Asimismo, añadió, la recolección de restos óseos “permite determinar que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”.
En un mensaje a la prensa, Torres destacó que el grupo puede establecer si hubo “una quema masiva de 43 cuerpos” solo a través de más análisis, que los seis integrantes del equipo acordaron realizar en las próximas semanas.
Ese mismo día, el GIEI denunció la violación por parte de la fiscalía de los acuerdos sobre la forma de divulgar el resultado de un nuevo peritaje.
Y el 6 de abril, el Grupo Interdisciplinario anunció la ruptura de la colaboración con la PGR en torno al nuevo peritaje de fuego en el basurero.
Aunque considera rotas las relaciones en ese aspecto, el GIEI continuará colaborando con la fiscalía en lo relacionado a su propia investigación, cuyos resultados serán anunciados en un par de semanas, antes de que acabe su mandato el próximo 30 de abril, especificó la guatemalteca Claudia Paz, integrante del Grupo.
“El GIEI ha señalado a las autoridades que cumplirá con el trabajo para el que ha sido convocado, se centrará en el informe, el trabajo con las víctimas y la revisión final del expediente, así como en la ley de desaparición de personas”, aclaró.
