La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), Marsha Catron, explicó este jueves que los individuos que se encuentran bajo el ojo de las autoridades migratorias son aquellos que cruzaron la frontera después del 1 de enero de 2014, han recibido una orden final de deportación de una corte de inmigración y no tienen pendiente ninguna petición de asilo humanitario.
Ana Miriam Carpio, de la Unión Salvadoreña (UNISAL) de Charlotte en Carolina del Norte, destacó la “extrema preocupación” existente entre las 15 familias que viven “casi refugiadas” en esa organización por temor a las deportaciones.
Carpio informó a Efe que la incertidumbre invadió desde enero a las familias inmigrantes centroamericanas que viven en el área, cuando un estudiante indocumentado fue detenido en la parada del autobús y “700 jóvenes sin papeles dejaron de ir a la escuela”.
En Chicago, el pastor José Landaverde de la Misión Anglicana Fe y Esperanza, informó que una familia indocumentada hondureña lo llamó hoy alarmada por un “automóvil sospechoso” que estaba estacionado frente a su domicilio.
“Esta gente está pensando en pedir santuario en mi iglesia, temerosa de lo que se viene”, expresó a Efe el religioso de origen salvadoreño, que ha sido pionero en la protección de inmigrantes sin papeles a punto de ser deportados.
También podría pedir santuario en los próximos días la salvadoreña Güendi Hernández, que tenía 17 años cuando ingresó a Estados Unidos hace un año y medio con su pequeña hija de tres meses.
La joven tiene cita en la corte para dentro de un mes, pero según Landaverde, si no prospera su pedido de asilo el próximo paso sería refugiarse en la misión ubicada en el barrio mexicano La Villita en Chicago.
En una declaración enviada hoy a Efe, la vocera de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Jennifer D. Elzea, dijo que la prioridad de las autoridades en las redadas que se realizarían entre mayo y junio próximos serían inmigrantes que fueron detenidos en la frontera después del 1 de enero de 2014.
Entre ellos, “adultos solteros y adultos con niños pequeños”, lo que comprendería a madres y niños que han recibido orden de salir del país, así como menores que llegaron solos al país y ya cumplieron 18 años.
Según Carpio, de UNISAL, en el área de Charlotte hay 1.800 madres centroamericanas con hijos pequeños que “viven una situación de emergencia” y arriesgan la deportación.
“ICE evitará realizar detenciones en lugares sensibles como escuelas, hospitales y lugares religiosos, con excepción de emergencias”, afirmó la vocera Elzea.
Sin embargo, en opinión de Almonte, lo mejor que puede hacer la gente que se siente amenazada es “mudarse de domicilio”, porque Inmigración “rompe sus propias reglas y nunca se sabe lo que puede pasar”.
Grupos como la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) aconsejaron hoy a las familias no abrir la puerta si los agentes no tienen una orden judicial, y si lo hacen lo mejor es no hablar y no firmar ningún documento “para evitar las autodeportaciones”.
Avideh Moussavian, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo a Efe que la realidad contradice la afirmación del Gobierno de que las familias que serán el blanco de la nueva ola de redadas han agotado el debido proceso.
“Pueden esconderse detrás de un lenguaje técnico bonito, pero no pueden afirmar con certeza de que esas personas tuvieron la oportunidad de presentar su caso en la corte”, señaló.
Abogados del centro, que han visitado madres detenidas en centros de Inmigración mientras se tramitan sus pedidos de asilo, comprobaron que no habían tenido asesoría legal e ignoraban sus derechos, los plazos o procedimientos, según explicó Moussavian.
