Este informe fue solicitado por el fiscal del caso, Eduardo Taiano, a expertos de la Gendarmería, un cuerpo de las fuerzas de seguridad que no había estado involucrado en las anteriores pericias, que fueron muy cuestionadas al apuntar a que la muerte de Nisman había sido un suicidio.
Según fuentes jurídicas, la mayor dificultad para esclarecer lo que sucedió en el apartamento de Nisman es la contaminación de la escena, ya que más de 60 personas caminaron por ella sin cuidado durante horas tras la aparición del cadáver.
Además, buena parte de las cámaras de seguridad del edificio, en el lujoso barrio de Puerto Madero en Buenos Aires, no funcionaban desde días antes de los hechos y su teléfono móvil y su ordenador habían sido manipulados para ocultar pruebas, algo que investigan actualmente por separado peritos informáticos.
El enero del 2015, pocos días antes de su fallecimiento, Nisman, que investigaba el atentado a la mutual judía AMIA en 1994, había acusado a la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, y a su canciller Héctor Timerman de encubrir a los supuestos autores iraníes del atentado.
El fiscal sostenía que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en el 2013 y que el Gobierno de Fernández aseguraba que era para avanzar en el esclarecimiento del ataque, buscaba en realidad proteger a los acusados con el fin de mejorar la relación bilateral comercial, algo que la expresidenta siempre ha negado.
