Cristina, hermana del rey Felipe VI, afronta dos cargos de evasión fiscal que podrían suponer una pena máxima de prisión de ocho años por supuestamente no declarar los impuestos por gastos personales que pagó una empresa que poseía con su esposo, Iñaki Urdangarin.
La infanta es la primera persona de la familia real española que afronta cargos penales desde la restauración de la monarquía en 1975. El juicio, que comenzó el 11 de enero, ha despertado un gran interés en los medios.
La princesa perdió la semana pasada una batalla legal de último momento con la que intentaba evitar el juicio. El tribunal rechazó el argumento de que el caso en su contra deberían rechazarse porque la Hacienda española no ha presentado cargos contra ella y señaló que sólo debía recibir una multa por evasión fiscal.
Urdangarin está acusado de utilizar su antiguo título de duque de Palma para malversar unos 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) en contratos públicos a través del Instituto Noos, una organización sin ánimo de lucro que codirigía con otro socio. Afronta una pena máxima de 20 años.
La infanta y su marido llegaron juntos al tribunal unos 20 minutos antes del inicio de la sesión a las 9:15 de la mañana (0815 GMT) .
Las declaraciones de los acusados comenzaron el martes y está previsto que terminen el 26 de febrero. Cristina, de 50 años, será la última en testificar, pero todavía se desconoce el día concreto.
El caso se instruye en Palma de Mallorca, la capital de la región española de Islas Baleares, porque muchos de los acuerdos de negocios de Urdangarin bajo investigación se hicieron en la isla mediterránea.
Los detalles sobre el lujoso estilo de vida de la pareja conocidos durante la investigación previa al juicio entre 2011 y 2014 indignaron a muchos españoles, cuando el país trataba de superar una crisis económica y con un desempleo que alcanzó el 27%.
El caso también está considerado como uno de los motivos de la abdicación en 2014 del rey Juan Carlos I en favor de su hijo, Felipe.
Encuentro en el palacio de verano
Las islas Baleares estaban entonces presididas por Jaume Matas, un exministro del conservador José María Aznar, que salió el pasado año de prisión tras cumplir nueve meses por otro escándalo de corrupción.
Según la acusación, Urdangarin había invitado en el 2003 a Matas y Ballester a la residencia de verano de la familia real en Palma. Posteriormente, obtuvo rápidamente contratos en oro, como la organización de un congreso de dos días sobre turismo y deporte por 1,2 millones de euros.
“Un precio completamente desproporcionado” , basado en un “presupuesto ficticio” , según la fiscalía, para quien Urdangarin y Torres crearon Noos con la “única finalidad” de “rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas” y “evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos” .
El dinero obtenido “acababa en manos de las mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin” , agrega.
Una de esas empresas pantallas, Aizoon, habría financiado gastos personales de Cristina y Urdangarin, como viajes, obras, fiestas o incluso cursos de baile.
Segunda hija de Juan Carlos y Sofía, Cristina se mostró muy afectada en el inicio del juicio. Fue apartada hace años de todos los actos oficiales de la casa real y despojada de su título de duquesa de Palma.
Su defensa afirma que ignoraba las actividades de su esposo y que tenía una confianza ciega en él. El juicio debe prolongarse hasta el 30 de junio.
