Al tomar el asunto, la Corte abre la posibilidad de que sean desbloqueadas medidas de regularización para entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular, que fueron suspendidas hace un año por un tribunal federal de Texas.
La corte de Texas cuestionó la constitucionalidad de esas medidas, alegando que Obama se excedió en sus atribuciones.
La iniciativa de Obama es considerada por sus críticos una amnistía para extranjeros que permanecen ilegalmente en ese país, aunque la Casa Blanca insistió en que los decretos fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el asunto.
El plan migratorio presentado por el presidente Obama en noviembre del 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo del 2012 conocido como Acción Diferida (DACA), cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes dreamers (soñadores) que llegaron a Estados Unidos siendo niños acompañando a sus padres indocumentados.
La otra parte del plan Obama es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
En la práctica, la implementación de los decretos literalmente “blinda” a varios millones de personas del riesgo de la deportación, una de las más apremiantes demandas de activistas y las entidades de defensa de los inmigrantes.
Pagarán impuestos
Brandi Hoffine, funcionaria de la Casa Blanca, saludó la decisión de la Corte Suprema y dijo que “al igual que cualquier familia en nuestro país, los inmigrantes quieren trabajar legalmente, pagar impuestos y contribuir a la sociedad de forma abierta y honesta”.
En tanto, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México celebraron la decisión.
Presionado por las críticas a la supuesta amnistía, el Gobierno autorizó en diciembre último redadas y la deportación de personas cuya salida del país sea considerada prioritaria, ya sea por la comisión de delitos o por tratarse de extranjeros con antecedentes policiales.
Sin embargo, entidades y testigos denunciaron redadas para detener y expulsar del país a personas —incluido familias con niños— que llegaron a Estados Unidos escapando de la violencia en países de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador).
En abril próximo comenzarán los alegatos orales en la Corte sobre los decretos migratorios que Obama anunció en noviembre de 2014 y que se encuentran actualmente bloqueados en los juzgados. Se espera que el Supremo tome una decisión en junio.
Si el Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial de Estados Unidos, avala los decretos migratorios de Barack Obama, cinco millones de indocumentados obtendrían un permiso de trabajo temporal y la garantía de que no serían deportados durante tres años.
Decretos
Si la Corte decide en contra de la administración Obama, los decretos migratorios no podrían implementarse. Y la suerte de millones de indocumentados estaría en manos del gobernante y del Congreso que se forme tras los comicios presidenciales del 8 de noviembre.
Los tres precandidatos demócratas —Hillary Clinton, Bernie Sanders y Martin O'Malley— han prometido que si uno de ellos llega a la Casa Blanca implementarán los decretos migratorios de Obama y los ampliarán para que más familias se vean beneficiadas por las medidas.
En cambio, los precandidatos republicanos mantienen una posición de mano dura en inmigración. El multimillonario Donald Trump anunció en junio su candidatura a las primarias republicanas con un polémico discurso marcado por comentarios xenófobos contra los inmigrantes mexicanos indocumentados, a los que calificó de narcotraficantes, delincuentes y violadores.
