La medida de fuerza, que incluye a conductores de autobuses, trenes, camiones, aviones, barcos y el metro, recibió el apoyo de tres centrales sindicales enfrentadas con el gobierno de Fernández y promete paralizar las actividades en gran parte de este país de 40 millones de personas.
El titular del gremio de Dragado y Balizamiento ¨juan Carlos Schmid, integrante de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), advirtió que el paro es “una fuerte señal hacia adelante” para el próximo gobierno.
Esta huelga “será una fuerte señal hacia adelante entre quienes tengan que administrar y vean cuál es la capacidad y la posibilidad de acuerdos en la futura gestión“, señaló el sindicalista.
Mientras el jefe de Gabinte de Fernández, Aníbal Fernández rechazó la medida de fuerza al considerarlo “un paro político con el objetivo de generar este tipo de confusión” e “impide” movilizarse “al que quiere ir a trabajar, la inmensa mayoría de la población.”
Durante la jornada tampoco habrá recolección domiciliaria de residuos, transporte de caudales, distribución de alimentos ni combustibles.
El sector marítimo portuario, con el polo agro exportador de Rosario (312 km al norte de la capital) a la cabeza, amenaza con quedar paralizado totalmente, aunque la duración del cese de actividades no hace previsible mayores problemas.
Varios sindicatos importantes, como los bancarios y del sector comercio, no adhirieron a la huelga, pero muchos trabajadores no podrán llegar a sus lugares de trabajo por la falta de transporte.
El secretario general de la Unión Tranviaria Automotor, Roberto Fernández, sostuvo que se llegó a la medida de fuerza porque el gobierno no escuchó los reclamos en materia salarial, inflación e impuestos a las remuneraciones.
Organizaciones sociales y sindicatos de izquierda convocaron a un “paro activo” con movilizaciones y cortes de tránsito en la capital argentina, su periferia y en las principales ciudades del interior.
Esta es la quinta huelga que tiene lugar desde que Kirchner asumió en el 2007 y la segunda en dos meses contra la fijación de topes de 27% por parte del gobierno a los aumentos salariales que acuerdan los sindicatos con las empresas en un país donde la inflación ha estado por encima del 30% en los dos últimos años, según consultores privadas.
