Ese convenio es considerado por las autoridades colombianas un paso decisivo para el logro de la paz definitiva, llegar a la reconciliación y crear una jurisdicción para procesar a guerrilleros y militares enfrentados desde hace más de cinco décadas pero que en el 2012 iniciaron conversaciones para la paz.
El convenio divide a las condenas en tres categorías: hasta 20 años de cárcel para quienes resulten culpables y no confiesen su responsabilidad; hasta cinco años de prisión para los que reconozcan delitos tardíamente; y hasta 8 años de “restricción efectiva de libertad” para quienes colaboren en el esclarecimiento de la verdad.
Vivanco denunció que el acuerdo garantiza que responsables de crímenes de guerra que confiesen “no enfrentarán castigo ni siquiera remotamente serio” pese a que ningún tribunal internacional ha permitido que condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión.
También subrayó que el acuerdo da pie a interpretaciones que permitan a altos mandos militares de la fuerza pública y las Farc eludan rendición de cuentas por atrocidades cometidas bajo su control, debilitando el principio de responsabilidad de mando estipulado por el derecho internacional.
El experto exhortó al gobierno colombiano a modificar el documento porque aseguró que su versión actual “no constituye progreso sino un retroceso a épocas sin estándares internacionales ni obligaciones jurídicas” .
Vivanco dijo que HRW llegó a esas conclusiones después de que una decena de abogados se abocaran a analizar el acuerdo desde que fuera anunciado.
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada colombiana, sin obtenerlo de inmediato.
En más de tres años de negociación, las partes han logrado cerrar cuatro de los seis puntos de una agenda preestablecida: problemas agrarios, participación política, combate al narcotráfico y justicia y víctimas.
Faltan dos puntos más con relación a la terminación del conflicto e implementación de los acuerdos.
La totalidad de los acuerdos alcanzados en La Habana serán sometidos a votación con el fin de apuntalar la paz con el voto popular.
Paz en Colombia no se firmará en marzo
El acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC no se firmará en marzo de 2016, como lo anunciaron las partes en septiembre pasado, dijo en una entrevista el negociador de esa guerrilla, Jesús Santrich.
“En honor a la verdad, nosotros debemos ser claros en decir que el 23 de marzo no va a haber firma del acuerdo final” , dijo Santrich en una entrevista publicada este domingo en el informativo televisivo Noticias Uno.
Santrich, cuyo verdadero nombre es Seusis Pausivas Hernández, es delegado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) en los diálogos de paz que el grupo insurgente sostiene con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana desde noviembre de 2012.
En septiembre pasado, Santos y Timoleón Jiménez (“Timochenko”) , máximo comandante de la principal guerrilla de Colombia, anunciaron la firma del acuerdo final de paz a más tardar para el 23 de marzo de 2016.
En ese mismo momento, revelaron además que habían llegado a un acuerdo sobre el punto de justicia, uno de los más espinosos de la negociación.
No obstante, días después de ese histórico apretón de manos entre Santos y Timochenko, surgieron las diferencias: la delegación de las FARC afirmó que el tema ya estaba zanjado, mientras que su contraparte sostenía que se trataba de un borrador aún en discusión.
“Ya lo habíamos firmado. Ya lo que estaba acordado, estaba acordado. Después surgió el invento de que era un acuerdo en desarrollo” , señaló Santrich.
“Nos tocó volver a discutirlo dos veces más” , agregó.
El martes pasado, la mesa de conversaciones de paz de Cuba reveló el texto completo del acuerdo sobre justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano, que contempla un sistema jurídico especial para castigar a los responsables de ambos bandos de delitos de lesa humanidad, en el marco del conflicto armado de más de 50 años.
Aun resta por consensuar en esas negociaciones el cese bilateral del fuego, la dejación de armas de los rebeldes y el mecanismo de refrendación de lo pactado entre el gobierno y las FARC, más antigua guerrilla del continente, con unos 7.000 miembros según cifras oficiales.
