En un comunicado, el organismo dio a conocer que diferentes unidades de la policía que emprenden la Operación Avalancha, en su segunda etapa, “asestan un nuevo golpe contra la estructura criminal denominada Mara Salvatrucha (MS)”.
La fuerza policial “ejecuta al menos 60 allanamientos en siete departamentos del país y pretende asegurar (incautar) mil 559 bienes muebles, entre casas, terrenos, sociedades mercantiles y vehículos pertenecientes a los altos mandos del grupo criminal organizado, que tanto luto y dolor ha provocado al pueblo hondureño”, añadió.
Anunció que en la operación “se pretende ejecutar varias órdenes de captura contra miembros líderes de la MS, quienes se encargan de manejar y coordinar la estructura armada, financiera y social de esa red criminal”.
El presidente Juan Orlando Hernández visitó el MP para manifestar su “respaldo absoluto” a la operación e instó a los miembros de las pandillas a entregarse.
“Es mejor que todos esos miembros (de pandillas) que han participado (en crímenes), ahora que están viendo que el Estado está en su búsqueda, llamen, contacten a los agentes, es mejor que se entreguen y que den información (…), estoy seguro que pueden haber consideraciones” para ellos, declaró a periodistas.
Hernández advirtió que las autoridades seguirán enviando a los pandilleros más peligrosos a la cárcel conocida como El Pozo en Santa Bárbara a donde trasladaron a los primeros 45 cabecillas que estaban ordenando delitos desde la prisión cercana a la capital.
La primera fase de Avalancha empezó el 23 de febrero pasado contra integrantes de la pandilla acusados de asesinatos, extorsiones, distribución de drogas, entre otros delitos.
Miles de integrantes de la MS y Barrio 18, junto a otras pandillas ocupan barrios de la principales ciudades de Honduras y lo mismo ocurre en los países vecinos, El Salvador y Guatemala.
Policías detenidos
Y mientras se desarrollaban los operativos, las autoridades policiales informaron que más de 960 altos oficiales y agentes han sido destituidos de la Policía de Honduras como parte de un proceso de depuración de la institución iniciado en abril pasado.
Desde que inició operaciones, en abril, la Comisión de Reestructuración y Reforma de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de Honduras ha evaluado a mil 817 oficiales, de estos 963 han sido dados de baja, indicó ese comité en un informe.
Otros 14 oficiales están suspendidos del cargo “para facilitarles a otros operadores de justicia la realización de investigaciones”, mientras que 77 se han retirado de manera voluntaria de la institución, indicó la comisión depuradora de la Policía nombrada por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
De acuerdo con el informe, del total de policías evaluados, 27 continúan bajo investigación, aunque no detalla por cuáles delitos, en tanto 736 han sido incorporados a la nueva estructura orgánica de la Policía hondureña.
El presidente Hernández aceleró el proceso de depuración de la Policía, que inició en el 2011 pero sin los resultados esperados, tras la denuncia del diario hondureño El Heraldo y The New York Times, en abril, sobre oficiales y otros agentes de la Policía que habrían participado en el crimen en el 2009 del zar antidrogas Julián Arístides González y el exasesor antidrogas Alfredo Landaverde, en el 2011.
Según las publicaciones, la muerte de González fue supuestamente planificada por la cúpula de la Policía y otros cargos a petición de un narcotraficante hondureño.
La comisión encargada de la depuración policial indicó que ha pedido al Ministerio Público que investigue penalmente a 455 oficiales, incluidos tres generales, y agentes de escala básica (rango menor) de ese organismo de seguridad, aunque no precisa su identidad, por “la supuesta comisión de ilícitos, actos corruptos y acciones delincuenciales”.
La comisión especial la integran la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, el pastor evangélico Alberto Solórzano y Omar Rivera, representante de la sociedad civil.
La corrupción y el crimen han salpicado a la Policía de Honduras desde hace varios años, pero hasta ahora los intentos por depurar la institución han fracasado por falta de voluntad al más alto nivel, según analistas locales.