Mahmud indicó que ayer la Autoridad Nacional Palestina (ANP) debería haberse empezado a hacer cargo de los impuestos y tasas públicas, algo que no ocurrió, lo que, avanzó, “se reflejará negativamente en la responsabilidad del Gobierno en el pago de cuotas financieras, principalmente de los derechos de los empleados”.
Hamás y el partido nacionalista Al Fatah firmaron el 12 de octubre, con mediación egipcia, un pacto para poner fin a diez años de división política, con los primeros gobernando en Gaza y los segundos en Cisjordania desde la violenta toma de control de los islamistas del enclave costero en 2007.
Acordaron el traspaso de poder de la Franja a la ANP, que sin embargo se ha hecho de manera parcial con la cesión de la autoridad aduanera y financiera, y debía haberse completado el pasado 1 de diciembre.
Un día antes las partes pidieron a Egipto posponer la cesión hasta el día 10, con el fin de “concluir los arreglos y garantizar un éxito en los pasos hacia la reconciliación nacional”, dijo entonces el veterano miembro de Hamás, Fayez Abu Eita.
Pero ayer se cumplió el plazo y ninguna de las partes se pronunció sobre la cuestión.
Sí lo hizo el sindicato de trabajadores de Hamás, que denunció que la ANP no les ha pagado sus salarios, como contempla el pacto, y la acusó de no cumplir con sus obligaciones, convocando una huelga general para mañana.
Hamás acusó en un comunicado al Gobierno del primer ministro palestino, Rami Hamdala, de “tratar de obstaculizar la reconciliación”.
