Según el informe del grupo, en la lista de personas espiadas estuvieron periodistas mexicanos de alto perfil como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, que han estado investigando presuntos actos de corrupción del gobierno y supuestos abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Las personas bajo investigación recibieron mensajes en sus celulares con enlaces que, al hacer clic en ellos, permitían que sus dispositivos fueran espiados.
El software espía Pegasus de la firma NSO Group permite a los hackers tener acceso a llamadas telefónicas, mensajes, las cámaras de los dispositivos y datos personales. La compañía dice que vende el producto solo a los gobiernos con el propósito de combatir la delincuencia y el terrorismo.
Citizen Lab dijo que no tenía “pruebas concluyentes que atribuyeran estos mensajes a agencias gubernamentales específicas en México”, pero agregó que la “evidencia circunstancial indica que uno o más… de los clientes gubernamentales de NSO Group en México son los operadores probables”.
US$80 millones han gastado las oficinas de espionaje mexicano desde el 2011, según el New York Times.
El gobierno mexicano emitió un comunicado en el que dijo que rechaza haber realizado labor ilegal de espionaje.
Citizen Lab informó en febrero que el software de NSO Group fue utilizado contra activistas mexicanos que habían hecho campaña en contra de las bebidas azucaradas y de la comida chatarra.
Según The New York Times, el espionaje también alcanza hasta los familiares de los espiados, y destaca que también los abogados que representan a los 43 estudiantes desaparecidos supuestamente a manos de policías y narcotraficantes.
