“Miles de prisioneros no peligrosos, incluidos asociados de miembros de pandillas (aunque no miembros de pandillas en sí), están siendo capacitados para ayudarnos a reconstruir nuestro país”, aseguró Bukele en la red social X (anterior Twitter).
Tras intensas lluvias que han causado deslizamientos de tierra e inundaciones desde junio, grupos de reos participan en diferentes tareas para mitigar los daños, sobre todo en la red vial.
De esa forma, los presos “podrán reparar parte del daño que han causado a la sociedad“, señaló Bukele.
El presidente publicó también en X un video en el que aparecen reclusos haciendo labores de construcción, agricultura, confección de ropa, fumigaciones, reparación de equipos electrónicos, entre otras.
Durante una cadena de radio y televisión, Bukele dijo la noche del viernes 5 de julio que son “casi 150 millones de dólares” lo que destina el Estado salvadoreño al año para atender el sistema penitenciario.
El viceministro de Justicia y director general de las cáceles, Osiris Luna, afirmó que “estamos buscando la autosostenibilidad de los centros penitenciarios“.
Casi 48 mil reos serán capacitados en distintas áreas, explicó Luna.
Thousands of non-dangerous prisoners, including associates of gang members (though not gang members themselves), are being trained to help us rebuild our country.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 5, 2024
In this way, they can repair part of the damage they have caused to society. pic.twitter.com/eE3OQ8AG8S
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El taller textil, con 5 mil 400 reclusos, deberá elaborar 2.4 millones de uniformes para entregar a los alumnos de escuelas públicas en 2025.
Otros 6 mil presos integrarán una constructora gubernamental para reparar escuelas, hospitales y construir carreteras. El resto de presos trabajarán en otras áreas productivas.
La gestión de Bukele empezó en 2019, pero desde marzo de 2022 libra una “guerra” contra las pandillas bajo un régimen de excepción, que suma más de 80 mil presuntos pandilleros detenidos.
El régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial. Este fue decretado por el Congreso a petición del mandatario Bukele como respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
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Organismos de derechos humanos cuestionan la detención de inocentes al amparo del régimen de excepción y las condiciones de reclusión.
Con una población reclusa que sobrepasa 111 mil internos, según organismos humanitarios independientes, El Salvador tiene 1 mil 764 encarcelados por cada 100 mil habitantes, uno de los promedios más altos del mundo.
La cruzada contra las pandillas redujo las actividades criminales en el país y favoreció la reelección de Bukele, quien inició su segundo mandato el 1 de junio.
