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Pandilleros del Barrio 18 y de su rival Mara salvatrucha (MS-13) mezclados y hacinados en las celdas, sin camisa, solo usando calzoneta blanca y con mascarillas en su rostro por prevención por la pandemia del coronavirus, era el panorama que se observaba en ambas prisiones.
“Nosotros estamos desesperados, no podemos ver a nuestros familiares desde hace mucho tiempo, no podemos hablar con nadie, tenemos nuestras necesidades y nuestras enfermedades, pero con este encierro todo parece imposible”, dijo a la AFP Denis Flores, uno de los 2 mil 600 pandilleros recluidos en la prisión de Izalco, 66 kms al oeste de San Salvador.
El gobierno salvadoreño mantiene un plan de seguridad que ha logrado una reducción de los homicidios.
El jueves, el periódico digital El Faro señaló al gobierno de llevar “un año negociando” con la pandilla MS-13 una reducción de homicidios, a cambio de beneficios carcelarios, entre otras cosas.
Consultado por la AFP, un pandillero de la MS-13 en Izalco aseguró bajo anonimato: “No hemos negociado nada con nadie”.
“Cuál negociación, cuáles beneficios, no tenemos nada”, dijo a la AFP otro pandillero de la MS-13 en la cárcel de Quezaltepeque, 20 kms al norte de San Salvador.
El director Luna desestimó también el informe periodístico.
“El presidente ha sido claro, con el Estado nadie va a negociar y se va a hacer cumplir la ley”, señaló Luna.
“Estamos haciendo cumplir las medidas estrictas, no estamos dando beneficios a nadie”, añadió, asegurando que los reos se mantienen en sus celdas y solo salen para chequeos médicos, como establecen las condiciones implementadas hace meses en las cárceles con pandilleros para evitar la comunicación entre ellos.
El Barrio 18 y la MS-13 son las principales pandillas que operan en El Salvador y son señaladas por el gobierno como las mayores generadoras de violencia en el país.
Cifras oficiales indican que Bukele recibió el país en junio de 2019 con una tasa de 52 homicidios por cada 100 mil habitantes, que cerró ese mismo año en 36.
En El Salvador, las pandillas tienen unos 70 mil miembros -más de 17 mil de ellos encarcelados- y se dedican a la extorsión y el narcotráfico, entre otras actividades ilegales.