“Esta es una victoria para el imperio de la ley”, añadió. “Mantenemos nuestro compromiso con hacer seguras nuestras fronteras y completaremos el muro”.
Desde su campaña electoral de 2016, Trump prometió que construiría un muro a lo largo de los 3.200 kilómetros de la frontera sur estadounidense y que México pagaría por esa obra, emprendida con la intención de impedir la inmigración ilegal.
El 17 de diciembre pasado, el director interino de la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras, Mark Morgan, dijo que desde que Trump llegó a la Casa Blanca, en enero de 2017, se ha completado la construcción de un muro sobre unos 150 kilómetros, de los cuales 135 kilómetros corresponden al reemplazo de estructuras ya existentes.
El tribunal de apelaciones con sede en Nueva Orleans (Luisiana) anuló este miércoles la orden restrictiva emitida el mes pasado por el juez de distrito federal David Briones en El Paso (Texas).
Dos de los jueces del tribunal de apelaciones, Edith Johnes, designada por el presidente Ronald Reagan, y Andrew Oldham, designado por Trump, indicaron en su voto que existen “probabilidades sustanciales” de que los demandantes -la ciudad de El Paso y la Red de Derechos Humanos en la Frontera- no tengan posición legal para reclamar.
Por su parte, el juez Stephen Higginson, designado por el presidente Barack Obama, en su disenso sostuvo que no estaba convencido de que el Departamento de Justicia tuviera un argumento sólido para ganar el caso o que hubiera una gran emergencia que justifique la anulación de la orden de Briones.
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En febrero de 2019, después de una disputa presupuestaria con el Congreso que llevó a un cierre parcial del Gobierno federal, Trump declaró que había una emergencia nacional que requería el uso de unos US$6 mil millones asignados a gasto militar y luchar contra las drogas para financiar el muro.,
El Congreso había aprobado apenas US$1 mil 375 millones para mejoras en las barreras físicas ya existentes en la frontera, y la decisión de Trump motivó demandas legales de grupos que abogan por los inmigrantes, defensores del ambiente, los Gobiernos de 20 estados y la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata.
En mayo, un juez federal de California interpuso una orden impidiendo a la Administración Trump usar una partida inicial de US$2 mil 500 millones de fondos militares, con el argumento de que esa decisión infringía la atribución constitucional del Congreso sobre los gastos federales.
El Gobierno apeló y en julio el Tribunal federal de Apelaciones del Noveno Distrito rehusó anular la orden del juez de Oakland.
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