Desde el 31 de marzo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el ELN, segundo grupo guerrillero de Colombia, intentaron avanzar hacia una fase pública de diálogo, pero la falta de entendimiento sobre el tema del secuestro obligó a posponer la fecha en dos ocasiones. La liberación del excongresista Odín Sánchez la semana pasada, condición del gobierno, desbloqueó este proceso. A cambio, el ELN logró el indulto de dos de sus guerrilleros presos.
“Todos tenemos que cambiar”, admitió el jefe negociador rebelde, Pablo Beltrán, quien asumió que “es mejor echar lengua que echar bala”.
“Estamos dispuestos a asumir responsabilidad por los hechos ocurridos durante el conflicto y esperamos que la otra parte haga lo mismo”, declaró Beltrán en un discurso duro en el que se refirió al gobierno como “régimen”.
El inicio de las conversaciones en la capital ecuatoriana tiene lugar meses después de que el gobierno de Santos firmase un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), actualmente en proceso de desarme para convertirse en un grupo político legal.
El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, viajó a Quito para la inauguración de la mesa. Su padre fue asesinado por este grupo en 1998. “Acepté invitación de Pte Santos porque creo que sin perdón no tendremos paz”, escribió en la red social antes de despegar.
La agenda empezará con la definición de la metodología de la mesa y el diseño de la participación de la sociedad civil en los diálogos, algo que los distingue de los precedentes con las Farc. El resto de los puntos incluye la reparación a las víctimas, el fin del conflicto y la implementación de los acuerdos.
Beltrán aseguró que el ELN ha “aprendido” del proceso con las FARC, que demuestra que “es posible contar con nosotros y no los defraudaremos”.
Un grupo de organizaciones sociales celebró en la mañana en la capital ecuatoriana el inicio de los diálogos, en los que está prevista la participación de la sociedad civil.
“Las negociaciones entre el gobierno y las Farc en La Habana tuvieron espacios de participación pero reducidos, nosotros queremos mejorar esa metodología y creemos que hay que abrir mucho más”, dijo Marilen Serna, vocera del Congreso de los Pueblos y del comité Impulso a la mesa social para la paz tras una conferencia de prensa de varias organizaciones. Serna espera que los sectores campesinos, indígenas y obreros puedan aportar sus visiones en la construcción de paz.
El ELN tiene unos mil 500 integrantes activos según cifras oficiales y el gobierno llevaba unos dos años de negociaciones previas cuando anunciaron el paso a la fase pública en marzo.
El 18 de enero, el jefe de la delegación del gobierno colombiano, Juan Camilo Restrepo, y el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, anunciaron en un comunicado conjunto el inicio definitivo de estos diálogos para el 7 de febrero.
Ecuador, Noruega, Cuba y Venezuela acompañan como países garantes las negociaciones.
Guillaume Long, canciller de Ecuador, celebró una paz “necesaria” para la región. “Donde otros proponen, muros, nosotros proponemos fronteras de paz”, dijo en relación a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump.
Como sucedió con las Farc, que negociaron con el gobierno entre noviembre del 2012 y septiembre del 2016 en La Habana, el diálogo arrancó sin alto el fuego. Este motivo explica que continúen acciones de guerra, como la captura de un soldado por parte de los rebeldes hace dos semanas y su liberación el lunes.
El conflicto armado de Colombia, que inició en los años 60 con el levantamiento de estas dos guerrillas pero que acabó implicando también al Ejército y a grupos paramilitares, ha dejado en medio siglo más de 260 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos y seis millones de desplazados.
El ELN nació en 1964 inspirado por la revolución cubana.
Con la desmovilización de las dos guerrillas en el horizonte, la principal preocupación del gobierno en materia de seguridad son las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, en gran parte surgidas de la desmovilización de los grupos paramilitares entre el 2003 y el 2006, bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
